La caravana de madres centroamericanas escribieron una carta al Papa Francisco en la que le piden gestionar para modificar la “terrible realidad” de los migrantes en tránsito.
Al hacer un balance de la situación, afirman que en su camino se han encontrado con historias de terror que ameritan ser estudiadas y corregidas.
“Los poderosos han escogido a los migrantes para señalarlos como culpables de los males que ellos mismo provocan. Hay una campaña universal de desprestigio hacia los migrantes, que genera xenofobia, discriminación y encubren los verdaderos fines de la campaña: la contención y represión del descontento social a través de la politización y la militarización de los países”.
“Se estima que hay entre 70,000 a 120,000 migrantes no localizados en tránsito por México a partir del 2006, de quienes no se cuenta con datos confiables que determinen su cantidad, son los invisibles entre los invisibles”.
En la carta, que prevén entregársela al Papa durante su visita a México, mencionan que “las maras, pandillas, carteles, bandas locales de México, policías, autoridades corruptas, ejército mexicano, maquinistas y garroteros de los trenes, tienen control sobre la ruta migrante: enganchan, extorsionan, roban, secuestran, violan, y asesinan”.
Sostienen que la colusión de la autoridad mexicana de todos los niveles de gobierno con la delincuencia, bien sea por acción, omisión, negligencia, colusión, protección o complicidad, está plenamente acreditada:
“A partir del año 2010, el gobierno de México ya no pudo seguir ocultando las masacres ni las fosas clandestinas -que contienen tanto a mexicanos como a migrantes. La noticia de los 72 migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas, dio la vuelta al mundo y se conoció que los policías municipales de San Fernando estuvieron involucrados en la muerte de los migrantes asesinados realizando labores de halconeo, intercepción de personas y omisión en su deber al observar, sin ejercer acción, delitos cometidos por miembros de la organización criminal Los Zetas”.
En la misiva, la caravana pide el reconocimiento del status de refugiado para los migrantes centroamericanos, para asegurar su derecho al asilo.
“Que los tratados comerciales no solo permitan el libre tránsito de mercancías, sino que sean las personas las que puedan transitar sin visas, o bien que se les otorguen visas de transito o que se instrumente la ciudadanía regional con un documento único de identificación donde cualquier persona pueda moverse libremente por toda la región”.
También que las políticas migratorias sean realmente respetuosas de los derechos humanos de la gente que migra, y desaparezcan programas de contención, como el Plan Frontera Sur “que no solo no detendrá la migración sino que ha resultado en una cruel y criminal cacería de migrantes”.
Los integrantes de la caravana afirman que la intención es que respete el derecho a la verdad, instrumentando investigaciones prontas, precisas y claras que arriben al esclarecimiento de la verdad y se muestre mayor interés, voluntad y recursos para encontrar a migrantes no localizados, lo que incluye la exhumación y determinación de los ADN, de los cuerpos que están en las fosas comunes de los panteones mexicanos y en las fosas clandestinas que están sembradas por todo el país.
Sostienen que urge obligar al gobierno mexicano a que rinda cuentas, construya y transparente bases de datos uniformes a nivel federal que recojan la información que tienen los diferentes estados de la republica, así como SEMEFOS, Bancos de ADN, hospitales, cárceles, centros de detención migratoria, albergues de desposeídos, etc., pues la información dispersa sólo encubre realidades y aumenta la dificultad de localizar personas.
Entre sus peticiones, añaden que los países centroamericanos, particularmente a El Salvador, Honduras y Guatemala, incluyan en sus Censos nacionales preguntas permitan conocer la cantidad de desaparecidos que tiene cada familia.
El Papa Francisco estará en México del 12 al 17 de febrero de 2016. La agenda de actividades prevè que Bergoglio visite el Distrito Federal; Ecatepec, Estado de México; San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Morelia, Michoacán; y Ciudad Juárez, Chihuahua.
Proceso