Los habitantes de Ocurague son un ejemplo del drama que viven los desplazados en Sinaloa a causa del crimen organizado, y que se narra en esta investigación auspiciada por Connectas y Global Voices Latinoamérica.
La versión original de este artículo fue escrita por Silber Meza y Francisco Cuamea.
Cada noche, los habitantes de Ocurague, en la zona de la Sierra Madre Occidental, al oeste de México, se escapan de sus casas para esconderse entre los arbustos. Ellos escuchan desde las sombras la explosión de armas, los sonidos de los vehículos 4×4 y los camiones que aplanan las pistas de terracería,
Cuando el silencio se hace de nuevo, se calman sus temores y regresan a sus hogares. Es la señal de que el peligro ha pasado. Por una noche, por lo menos.
Esto es lo que era la vida en 2011 en la localidad de la Sierra Madre Occidental, que forma parte del municipio de Leyva en el noroeste del país, y muy cerca de Badiraguato, en el Estado de Sinaloa. La ubicación forma parte del llamado Triángulo Dorado del narcotráfico mexicano, que incluye las partes montañosas de los estados de Durango, Chihuahua y Sinaloa.
Como pasaban los meses, el miedo de los locales creció junto con la espiral violencia en la región, con asesinatos derivados de enfrentamientos entre grupos del crimen organizado. A principios de 2012, un grupo armado secuestró y mató a un joven de la ciudad vecina de San José de los Hornos.
Esperanza Hernández, una mujer en su 50′s, quien es originaria de Ocurague y se trasladó a la ciudad de Guamúchil, en el municipio de Salvador Alvarado, en Sinaloa, recuerda el episodio siguiente:
“Cuando mataron a ese joven de San José de los Hornos, los hombres no se atrevieron a ir a buscarlo, así que las mujeres fuimos por él, acompañadas del Director de la Policía. Habían dejado un pedazo de papel para que nadie reclamara el asesinato. El papel decía que esto iba a pasar a todos los ‘dedos’ (informantes) del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, ya que esta zona era ahora de los hermanos Beltrán Leyva (Marcos Arturo, Alfredo, Héctor, y Carlos Beltrán, viejos aliados y ahora rivales)”.
Este nuevo grupo criminal dio a la gente en la ciudad algunas opciones: unirse a ellos, abandonar sus hogares, o morir en sus manos, recuerda Hernández.
“Asesinaron a una familia entera. Sus cuerpos quedaron tendidos allí. Antes de irse, el inspector le advirtió al consejo municipal de Sinaloa de Leyva. Era una cosa horrible de hacer y muy difícil imaginar tener que salir de los cuerpos allí, y otras personas que tienen que venir en el miedo. Alguien dijo que el Beltrán Leyva fueron llegando a quemar el rancho y matar a cualquiera que encontraron allí”.
Hernández habla con una expresión vaga, cómo ella recuerda los asesinatos de 30 personas de la zona, y el éxodo de 96 familias que habían vivido alguna vez en Ocurague, ahora reducido a un pueblo fantasma.
El terror se convirtió en algo excesivo: Esperanza huyó el 12 de enero de 2012, junto con su familia y los habitantes de toda la ciudad. Ella dejó la tienda de abarrotes en la que trabajaba, su casa, su asignación, su vida. Todo.
Desde entonces, esta madre soltera se ha convertido en un activista, que lucha por la mejora de las condiciones de los desplazados. Ella ha hecho un registro de las personas que terminaron en Guamúchil y ha compilado una lista de los que se fueron al norte del Estado, en especial a las familias que se asentaron en Guasave y Choix.
El trauma causado por este exilio ha sido enorme, explica Hernández. Para empezar, está la falta de un hogar y un trabajo, y luego está el desconocimiento de la vida de la ciudad, donde todo tiene un precio, incluso el agua:
“No podemos acostumbrarnos a vivir aquí: allá, si te quedas sin gas, hay leña. Tenemos gallinas que producen huevos, tenemos carne y queso, tenemos agua. Ocurague significa “el lugar donde nace el agua”. Hay una corriente que nunca se seca. Allá nunca nos quedamos sin fruta, pero aquí tienes que comprarla”.
Las temperaturas son otro cambio: en Ocurague vivieron entre pinos, pero ahora están sufriendo en temperaturas superiores a 40 grados centígrados. Muchos de los desplazados ni siquiera tienen un ventilador.
La mayoría de las demandas de los exiliados siguen siendo las mismas de un principio: el regreso de sus familias a sus pueblos, con garantías para su seguridad, o bien ayuda para encontrar un trabajo, educación, y la compensación por las tierras, y todo lo demás que han perdido a manos de las bandas de narcotraficantes.
El 6 de marzo de 2015, Esperanza Hernández fue amenazada por los grupos criminales y obligada a huir de nuevo, esta vez a la capital del país, el Distrito Federal. Después de semanas de papeleo y con ayuda de las organizaciones nacionales de derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó a ella, y a sus familiares, protección del Estado mexicano. Posteriormente, regresó a Sinaloa y ahora continúa trabajando en nombre de las víctimas desplazadas.
Según cifras del Observatorio de Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para los Refugiados (IDMC-NRC) utilizado por la ONU, a finales de 2013 había al menos 33.3 millones de refugiados en el mundo. Estos grandes números fueron causados principalmente por los conflictos armados, la violencia generalizada, y violaciones de los derechos humanos.
A finales de 2013, al menos 6.3 millones de personas habían sido víctimas de desplazamiento interno en las Américas. La gran mayoría se encuentran en Colombia, donde esta cifra ha estado en constante aumento.
En México, el exilio forzado se ha vuelto más común desde 2006, cuando Felipe Calderón asumió la presidencia de México y comenzó una batalla directa al estilo militar contra el narcotráfico. En respuesta, los grupos criminales se han fragmentado, entre ellos el cartel de Sinaloa.
Desde 2008, la “Federación” en Sinaloa se ha dividido: Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera e Ismael “El Mayo” Zambada están ahora en contra de los hermanos Beltrán Leyva. Esto les ha llevado a luchar por el territorio de todo el país, sobre todo la zona que produce la mayor parte de la marihuana: las zonas montañosas de Sinaloa, Durango y Chihuahua.
El desplazamiento forzado no ha parado desde entonces, y a pesar de su avance, el Estado mexicano todavía no ha implementado ninguna política clara para poner fin a la misma.
Laura Rubio Díaz Leal, un académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y uno de los pocos que han estudiado el fenómeno del desplazamiento, critica al gobierno mexicano por no querer aceptar que hay una falta de seguridad entre la gente, ya que esto podría parecer una debilidad institucional.
“Durante la época de Felipe Calderón en el gobierno, se negó abiertamente el hecho de que había un problema de desplazamiento, mientras que (Enrique) Peña Nieto simplemente no habla de ello. No sé qué es peor, negar el tema o ignorarlo”.
Desde 2011, Díaz Leal ha logrado documentar 121 casos de desplazamientos masivos en México.