El caso Ayotzinapa marcó un antes y un después en el activismo de mexicanos en el extranjero, ya que a raíz de la desaparición de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos empezaron a unirse en colectivos, principalmente dentro de universidades europeas, con el objetivo de hacer visible en el Viejo Continente la crisis de derechos humanos que se vive en México.
El país reconoce oficialmente 25 mil desaparecidos y más de 100 mil muertos, sin embargo, el año que termina se vio marcado también por la renuencia del Gobierno a reconocer que en México las violaciones a los derechos humanos se convirtieron en algo cotidiano, como lo mostró el diferendo entre el relator de la ONU contra la Tortura, Juan Méndez, y el ahora Embajador en Francia, Juan Manuel Gómez Robledo, quien primero contradijo al representante de Naciones Unidas, quien afirmó que la tortura era una práctica sistemática en el país, y después se disculpó.
“Tengo una visión completa, lo que observo es que la situación es grave y en particular porque la negación del Gobierno de reconocer la gravedad de la crisis de derechos humanos, prevalece y hasta que haya un reconocimiento de la situación, las acciones que se necesitan para combatirla no se van a materializar. Es la política no sólo de esta administración sino de varios gobiernos, de promover el discurso de derechos humanos a nivel internacional, pero sin dedicar lo que se necesita a nivel nacional para hacer cambios”, expresó Rupert Knox, experto independiente en temas de derechos humanos, que ha realizado investigaciones sobre el caso mexicano para organizaciones como Amnistía Internacional (AI).
Incluso señaló que una de las controversias más grandes que despertó este año la visita del Presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, a Reino Unido fue el que no se haya tocado el tema de los derechos humanos, sino que todas las conversaciones oficiales se hayan centrado en el sector energético sin tomar en cuenta el resto de las dimensiones, a pesar de que 2015 fue el “año dual” entre ambas naciones.
“Faltó una participación más realista de la situación en México, que no sea un vehículo para promover a México como un destino turístico a nivel global; creo que hay grietas como Ayotzinapa, Aristegui y otros cuestionamientos hacia la seriedad con la que el Gobierno ve el tema de los derechos humanos. Lo que sí es claro es el tema de atraer la inversión, eso es lo que quiere, pero no está comprometido [el mismo Gobierno] a respetar los derechos humanos y sólo lo hace bajo la presión fuerte de organizacionales nacionales e internacionales”, expresó Knox a SinEmbargo.
Lamentó que la administración federal desaproveche la oportunidad de transformar la situación, simple y sencillamente, porque los partidos políticos y muchos sectores de la economía mantienen estructuras de poder e intereses limitados, que no ven el respeto a los derechos humanos como una garantía para obtener beneficios.
Sin Embargo