Habitantes de las comunidades indígenas por las que planea pasar el Tren Maya, rodeados de selva, mar y dedicados a la agricultura o apicultura, han enfatizado su derecho a ser consultados bajo los estándares internacionales, aunque se tome más del año planeado.
Dado que no todos tienen acceso a Internet ni a lo reportado por medios de comunicación, algunos de ellos, los directamente involucrados, ni siquiera se enteraron de la consulta ciudadana de los 10 proyectos prioritarios del gobierno realizada en octubre. La falta de información directa, más allá de propaganda, les impide tener una opinión clara en torno al proyecto, manifestaron en entrevistas.
De momento, dijeron, temen la especulación de terrenos, el despojo y el encarecimiento de la vida. Además, no confían en que la derrama económica los beneficie, pues lo que necesitan es apoyo para una agricultura sustentable y orgánica.
“Cuando pensamos que va a pasar un tren y que van a detonar esto que lo llaman desarrollo nos parece que puede venir a generar mucho ruido en nuestro modo de vivir, de pensar e incluso en nuestro tejido social”, afirmó Pedro Uc, maya habitante de Buctzotz, Yucatán, entidad donde el 30 por ciento de su población habla una lengua indígena.
Desde el primer día de su gobierno, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los pueblos indígenas son la prioridad. El equipo encargado de la obra, encabezado por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, ha anunciado que no se iniciará la obra hasta que se haya consultado a los pueblos originarios y se tengan los estudios de impacto ambiental. Prevé que esa etapa tome del 17 de diciembre de este año a finales de 2019. El mandatario ha manifestado en videos su postura a favor del proyecto.
Esta semana un grupo de pueblos indígenas de distintos estados como Guerrero, Chiapas y Sonora emitieron un pronunciamiento en el mismo tono:
“Observamos al Presidente reunirse con empresarios, inversionistas y con el Gobierno federal saliente, sin embargo, observamos una gran deficiencia de diálogo genuino con los pueblos y las comunidades potencialmente afectadas por dichos proyectos, así como con las organizaciones civiles que les acompañan en la defensa de sus territorios”.
Hasta el momento, “han habido acciones propagandísticas de que han aparecido en Palenque para decir que por aquí empezará el Tren Maya, pero no se le ha informado a la gente”, contó Onésimo Hidalgo, de Chiapas. Palenque vive de la producción ganadera en pequeña escala, de café, maíz, frijol y palma africana, la cual podría ser transportada por ese tren, imaginó.
“Se le debe de informar los pros y los contras de un proyecto de este tipo. Hemos analizado con las comunidades que una de las negativas es que las cosas se van a poner más caras y si van a pasar por comunidades indígenas, lo más seguro es que vaya a venir un proceso de despojo. De Palenque a la zona de La Libertad hay choles mayas y tzetzales. Estamos esperando que nos pregunten”, afirmó.
En un comunicado del 23 de noviembre, el entonces equipo de transición informó que se respetará el derecho de consulta libre, previa e informada de las comunidades indígenas que se encuentran establecidas en el trayecto de proyecto, de conformidad con lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; y en la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Además del Convenio 169, los grupos de pueblos y comunidades indígenas agregaron: “Recordamos también al Presidente que otra de las obligaciones del Estado mexicano es realizar estudios respecto de los impactos sociales, espirituales, culturales y ambientales, cada vez que pretendan realizarse proyectos de inversión que impliquen a los pueblos originarios”.
“Estamos tratando de hacer valer nuestros derechos como sujetos colectivos”, dijo Romel, habitante de Calakmul, Campeche, uno de los municipios habitado por choles y tzotztiles por donde rodará el tren . “No queremos una Riviera Maya donde hay tantos problemas”.
La Consulta Nacional denominada “10 Programas Prioritarios” aplicada en noviembre, en la cual se incluyó el programa Tren Maya, “en ninguna forma sustituye” la consulta indígena, sino que “la complementa”, aclaró el gobierno entrante. Se invitará a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a coadyuvar en el proceso de consulta, y a organismos internacionales como la Relatora sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, la Oficina de la OIT en México y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Pero, por la falta de conexión a internet, los pobladores indígenas tienen dudas.
“Lejos de pensar en este momento en si nos beneficia o nos perjudica, el primer problema es que no nos están haciendo partícipes de la toma de una decisión tan trascendente como un proyecto de esta naturaleza. A lo mejor nos va a beneficiar, pero el problema es que se impone”, aseguró Pedro Uc, de Buctzotz, Yucatán.
Fuente: Sin Embargo
Source: Mexico