El sector forestal está en crisis, ya que entre 30 y 60 por ciento de la madera que se utiliza en el país es ilegal, a lo cual se suma la inseguridad en zonas forestales y la tramitología que deben enfrentar los campesinos que buscan hacer un manejo legal de sus bosques, advirtió Gustavo Sánchez, director de la Red Mocaf.
Además, el marco regulatorio vigente restringe la extracción de madera, ya que la política hacia las regiones forestales se orienta a la conservación de los recursos, lo cual ha favorecido la desaparición de empresas forestales comunitarias y una caída en la producción nacional, advierte análisis del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS).
Tan sólo este año, de acuerdo con el CCMSS, el déficit en la balanza comercial de productos forestales suma 6 mil 154 millones de dólares.
En entrevista, Gustavo Sánchez explicó que hay un marco fiscal poco atractivo: la inequidad en el mercado y la inseguridad hace un entorno difícil para que las empresas forestales se desarrollen; el negocio forestal se vuelve actividad sensible.
Apuntó que cualquier incremento en los costos puede sacar a una empresa campesina del mercado; “esto forma un círculo vicioso. Mucha gente se siente tentada a irse a campechanear productos legales e ilegales para tener viabilidad como empresa”.
De acuerdo con el CCMSS hay al menos 50 trámites que deben realizar los campesinos forestales para llegar al aprovechamiento de un predio boscoso. Advierte que hay muchos pasos que se repiten y las delegaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no cuentan con el personal para cumplir con los tiempos legales establecidos en la normatividad.
Un predio bajo manejo forestal es aquel en el que la comunidad tiene autorización de la Semarnat para extraer determinada cantidad de madera al año, lo cual no es sólo un beneficio económico para los dueños, sino que permite la recuperación de la vegetación.
Sánchez ejemplificó que en Chiapas hay unos cuantos predios de selva que se encuentran bajo manejo; no pasan de 10 por ciento de la superficie que puede entrar bajo ese esquema, pero hay tan sólo dos personas para atender los programas. La estructura de esa dependencia es un cuello de botella que impide fomentar la actividad.
Se debe poner énfasis en que Semarnat fortalezca la estructura de organizaciones; una parte son los trámites y lo otro es que no hay personal para atenderlos. Agregó que hay inercia en invertir en conservación, en el programa de pago por servicios ambientales, aunque el gobierno sí busca impulsar el fomento de la producción y productividad.
Sánchez agregó que también la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente debe mandar señales de fomento; se requiere certificación de legal procedencia de los productos forestales que sea a bajo costo, porque los esquemas que tenemos son costosos para ejidos y comunidades. Lo que proponemos es el impulso de una campaña permanente de legalidad, para comprometer a los principales compradores de madera a que tengan esquemas de certificación de legal procedencia.
Aseveró que se tendría que certificar a los aserraderos para que no entre madera ilegal, y puede ser un esquema voluntario. Consideró que en el diseño del presupuesto 2016 se pueden fusionar programas de desarrollo, con el de servicios ambientales, para que cerca de 3 millones de hectáreas que hay bajo manejo forestal se incorporen a la producción y no sigan en un esquema de conservación sin manejo, que es como ahora están los predios de servicios ambientales.
La Jornada