El Congreso de la Unión solicitó a la Secretaría de Gobernación que analice la viabilidad de implementar las recomendaciones contenidas en el estudio “Prevención del Delito en México ¿Cuáles son las Prioridades?
En un dictamen que aprobó este miércoles, la Comisión Permanente destaca la necesidad de fortalecer acciones cuyo objetivo sea lograr la estabilidad social y la seguridad de la población.
Se expone que entre los retos del Programa Nacional para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia está lograr que los gobiernos municipales diseñen acciones de prevención que consideren entre sus componentes una teoría de cambio sólida, resultados medibles, mecanismos de focalización efectivos y transparentes, y diagnósticos que sustenten la pertinencia de la acción.
Además, se debe potenciar la entrega de becas o el acompañamiento académico en el Programa; comprobar si las acciones programadas para cada demarcación responden a los problemas identificados en ellos; transparentar los criterios y lógica de la selección de demarcaciones y polígonos que se beneficien de los recursos públicos que otorga el Programa.
En el documento aprobado, también se menciona que el ejercicio de los recursos federales, así como las políticas, proyectos y acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia de los tres órdenes de gobierno deben alinearse a cuatro principios y objetivos básicos: seguridad ciudadana, perspectiva de derechos humanos, perspectiva de género y enfoque de cohesión comunitaria.