La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que preside la diputada Merilyn Gómez Pozos (Morena), aprobó con 32 votos a favor, 11 en contra y cero abstenciones, su opinión de impacto presupuestario a la iniciativa que expide la Ley General de Aguas, y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, presentada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.
Menciona que, de aprobarse, la Ley General de Aguas no generaría impacto presupuestal para el erario federal, dado que entre sus disposiciones no se encuentra la creación de unidades administrativas, plazas o nuevos organismos, ni el establecimiento de nuevas atribuciones cualitativamente diferentes para el Estado y gobierno mexicanos.
Gómez Pozos señaló que la opinión se remitirá a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento para continuar con el proceso legislativo.
Por el PT, el diputado Reginaldo Sandoval Flores mencionó que el objetivo de la iniciativa es fortalecer la rectoría del Estado en el dominio y administración de las aguas nacionales, en correspondencia con lo que establece la Constitución Política, y busca que el agua deje de administrarse como mercancía, por lo que la nueva ley no generaría impacto presupuestario.
El documento hace mención que con la finalidad de tener una valoración del efecto de la iniciativa, la Comisión solicitó asesoría al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Ifigenia Martínez y Hernández (CEFP), en donde precisa que la administración pública Federal cuenta con las estructuras orgánico-administrativas para dar cabal cumplimiento.
Entre ellas, mencionó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, la Comisión Nacional Forestal, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, mismas que no requieren mayores asignaciones presupuestarias para el ejercicio fiscal 2026 ni subsecuentes.
Indica que se cuenta con recursos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2026 por un monto de 42 mil 91 millones de pesos, por lo que existen recursos que serán considerados en el ejercicio fiscal 2026, mismos que se pueden reasignar para cumplir con las funciones establecidas en la nueva legislación.
El propósito de la iniciativa presidencia es retomar y fortalecer la rectoría del Estado en el dominio y administración de las aguas nacionales, dar certeza a la actuación de la autoridad y brindar seguridad jurídica a las personas usuarias, privilegiando el interés general, así como tener una distribución más justa de este recurso vital, garantizando a las generaciones, presentes y futuras, el disfrute de este derecho fundamental.
Ley General Contra el Delito de Extorsión
Con 42 votos a favor, la instancia legislativa avaló su opinión de impacto en el presupuesto a la iniciativa que expide la Ley General Contra el Delito de Extorsión, suscrita por el diputado Fernando Torres Graciano y las diputadas y diputados integrantes del grupo parlamentario del PAN.
La Comisión resolvió que, de aprobarse la propuesta, no se generaría impacto presupuestal. La opinión fue turnada a la Comisión de Justicia para continuar con el proceso legislativo.
De acuerdo a la valoración del CEFP no habría impacto porque el artículo Quinto Transitorio establece que “las erogaciones que se generen con motivo de este Decreto se realizarán con cargo a los recursos presupuestarios aprobados expresamente para esos fines por la Cámara de Diputados.
En caso de que se realice alguna modificación a la estructura orgánica de los ejecutores de gasto, deberá llevarse a cabo mediante movimientos compensados conforme a las disposiciones jurídicas, presupuestarias y administrativas aplicables, por lo que en ningún caso se autorizarán ampliaciones a sus presupuestos de egresos”, subraya.
En concordancia con el CEFP y aunado a lo anterior, la Comisión identificó que, si bien la unificación normativa permitirá que este tipo penal se encuentre homogeneizado a nivel local, respecto del orden federal y, en consecuencia, se observe un diseño más amplio y claro respecto a los protocolos de denuncia, atención y sanción de este delito, su implementación, en caso de aprobarse, no generaría impacto presupuestario en el erario federal.
Además, en caso de realizase alguna modificación a la estructura orgánica de los ejecutores de gasto se deberá llevar a cabo mediante movimientos compensados conforme a las disposiciones jurídicas, presupuestarias y administrativas aplicables, por lo que en ningún caso se consentirán ampliaciones a sus presupuestos de egresos.
La iniciativa, que se conforma de 8 capítulos, 26 artículos y 5 artículos transitorios, busca establecer, entre otras cuestiones, que a quien sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro o un beneficio para sí o para otro causando a alguien un perjuicio patrimonial, moral, daños físico o psicológico”, se le aplicarán de cinco a diez años de prisión y multa de dos mil a tres mil Unidades de Medida y Actualización.
Mientras que en el delito de extorsión se aumentarán al doble las penas cuando en la comisión del hecho concurran algunas de las siguientes circunstancias: participen dos o más personas, se empleen armas, explosivos o sustancias peligrosas y se causen lesiones, daño moral, psicológico o la muerte.
Además, cuando la víctima sea persona menor de edad, adulto mayor, persona con discapacidad o se encuentre en situación de vulnerabilidad; el hecho se realice desde centros penitenciarios, call center, plataformas digitales, redes sociales o por alguna organización criminal o se ostente por una organización criminal.
Source: Mexico
