La Ley Reglamentaria del Artículo 29 constitucional abre la puerta para que las autoridades violenten de distintas formas al menos 15 derechos de la ciudadanía, advirtieron legisladores de oposición. El documento con el que se pretende reglamentar el Estado de excepción abonaría a la permanente violación de las garantías individuales en el país, insistieron.
La intención de la mayoría priista, denunciaron, es aprobar el dictamen este mes.
El Diputado del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Roberto Cañedo Jiménez, acusó que si bien el dictamen protege los derechos elementales básicos, enmarcados en la figura de “coto vedado”, hay muchos otros que podrían ser restringidos o suspendidos a criterio discrecional del Presidente.
“Parece muy cómodo hablar del derecho a la no discriminación, a la vida, al nombre, pero qué hay de los derechos que el coto vedado no defiende como la libre asociación, huelga, de reunión, alimentación, movilidad; a los derechos laborales, sindicales, gremiales; la libertad de prensa, derecho a la información, a la verdad, veamos Veracruz; el derecho a la privacidad, a no tener llamadas intervenidas; a impugnar actos de molestia; el derecho a petición; el derecho a la libertad; en un balance general son más los que no se defienden que los que sí”, enumeró a este medio.
Nueve de 30 legisladores bastaron para que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Armando Luna Canales, decidiera dar paso a una sesión con el fin de despejar dudas sobre el dictamen que expide la Ley Reglamentaria del artículo 29 de la Constitución, aprobado la semana pasada en la Comisión de Gobernación.
Cañedo Jiménez acusó al Gobierno de manejar este tema bajo completo hermetismo. El dictamen resultó de dos iniciativas discutidas en el Senado: una hecha por senadores y otra por el Presidente Enrique Peña Nieto, enviadas en agosto y octubre del 2013.
“La sociedad no sabe nada de esta ley reglamentaria. Y tenemos la responsabilidad como diputados de informar al pueblo que esto no protege nuestros derechos”, dijo Cañedo al resto de representantes de otras bancadas que integran la Comisión.
Morena insistió que deben realizarse foros de participación ciudadana, para informar a la población y a la vez recolectar las opiniones de ésta. “Qué pasaría si al Presidente se le bota la canica, y sucede como le pasó a Hitler, suspendiendo los derechos”, cuestionó Cañedo.
PRI VS MORENA
Diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) recordaron que el dictamen prevé que la suspensión o restricción de derechos y garantías de la población se harán con la aprobación del Congreso, medida sobre la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberá dictaminar sobre su constitucionalidad.
Sin embargo, los de Morena han acusado que la independencia de poderes en México no garantiza que un decreto de Estado de emergencia solicitado por el Ejecutivo encuentre resistencia en el Congreso.
“Lo hemos visto, todas las cosas pasan en automático en este Congreso”, dijo la semana pasada la coordinadora de Morena, Rocío Nahle García.
Cañedo quiso disuadir a los legisladores que respaldan el dictamen aduciendo un impacto en la contienda electoral. “Quién lo apruebe perderá las elecciones de junio, de hecho ya la están perdiendo en las calles”.
¿ESTÁ MÉXICO LISTO?
La Diputada Rocío Anhale García, de Morena, fue de las primeras voces que se alzaron en contra de la Ley Reglamentaria al Arículo 29. Foto: Luis Barrón, SinEmbargo
Otra bancada que se ha opuesto al dictamen de reglamentar este artículo de la Constitución es Movimiento Ciudadano. La Diputada María Candelaria Ochoa Avalos apuntaló que en México no existen condiciones para que esta ley se correctamente ejecutada por las autoridades.
“Tenemos una ley de desaparición forzada que no se ha aprobado, una ley de víctimas, en donde las víctimas aún están cuestionando su legalidad. Prácticamente México es un campo de guerra. Esta ley es violatoria a los derechos humanos en este momento, el problema es que no tenemos Estado de derecho en este momento”, dijo Candelaria.
Por otro lado, hay legisladores que prevén que la reglamentación es el camino más rápido hacia el respeto a los derechos humanos. El Diputado independiente Manuel Jesús Clouthier Carrillo detalló que el artículo 29 de la Constitución ha sido heredado desde la Carta Magna de 1857.
“No estamos discutiendo el qué, sino el cómo. En distintos convenios internacionales, como la Convención Interamericana de Derechos Humanos se establece la posibilidad de decretar estados de excepción. Sin embargo, es preferible establecer reglas claras a que nos quede floja la manga y dejar vacíos legales”, puntualizó.
La ejecución de un Estado de excepción no sólo conlleva la decisión de las altas autoridades, dijo Cañedo, sino de las encargadas de ejecutar operativos, que en muchas ocasiones no están preparadas en derechos humanos: “Qué me perdonen pero muchos no tienen ni la secundaria. No olvidemos Atenco, donde entraban los chivatos a las casas sin una orden de cateo, y violaban mujeres, rompieron cerraduras, golpeaban. Este dictamen es la continuación de la Ley Atenco”.
Clouthier advirtió que la Cámara de Diputados se encuentra en este momento revisando este trabajo, que fue aprobado por el Senado con el 91 por ciento de su consentimiento.
“Pero ahora nos quieren hacer parecer a nosotros los diputados como los malos, por qué”, cuestionó el independiente.
A su parecer, el dictamen debería mejorarse en cuanto a los candados al tipo de votación que debería realizar el Congreso, cuando el Ejecutivo pida decretar un Estado de excepción.
“En mi visión muy particular, yo sugeriría que para modificación o prórroga del decreto, este sea sometido a mayoría calificada [en el cual se requiere el voto de dos terceras partes del pleno para su aprobación] y no a mayoría simple como está actualmente”, dijo Clouthier.
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