El secretario de la Comisión de Economía, diputado Jesús Valdés Palazuelos (PRI) alertó que es difícil cumplir con las recientes reformas a la Ley Federal del Trabajo, sobre la no contratación de jóvenes jornaleros agrícolas que no cuenten con educación básica completa, ya que al momento de su aprobación “cientos ya se encontraban laborando en los campos agrícolas, porque tienen a su cargo mujer e hijos”.
Agregó que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), el 42 por ciento de los jóvenes jornaleros entre 15 y 17 años no han terminado la primaria y la secundaria. Además, del total de la Población Económicamente Activa Ocupada, el 2.4 por ciento son jóvenes en este rango de edad, y de ese total, el 3.7 por ciento están ocupados en la rama agropecuaria y, pese a su juventud, 9 por ciento están casados o vive en unión libre y 5 por ciento ya tiene un hijo.
Por ello, presentó un punto de acuerdo en la Comisión Permanente para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social defina dentro del catálogo de las actividades que integran los sectores agrícolas, forestal, de aserradero, silvícolas, de caza y pesca, cuáles labores son peligrosas o insalubres, y cuáles no lo son, para que se les brinde la oportunidad de continuar trabajando y poder contribuir al gasto familiar, sin menoscabo de seguir con su educación básica.
También, propone exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) salvaguarde los derechos humanos de niños y adolescentes que han dejado de trabajar en los campos agrícolas de Sonora, Sinaloa, Baja California y Tamaulipas, a través de una estrategia de atención especial y focalizada para que cuenten con apoyos monetarios suficientes para completar su educación básica y, al mismo tiempo, satisfacer sus necesidades primordiales y las de sus dependientes económicos.
Valdés Palazuelos dijo que es necesario encontrar alternativas de política social que permitan atender a esta población flotante y evitar que los jóvenes caigan en el vicio, la mendicidad o la ilegalidad.
Las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión el pasado 30 de abril, entraron en vigor el 13 de junio y están en concordancia con los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, ratificados por México, para que no se contrate a jóvenes jornaleros agrícolas que no cuenten con educación básica completa si se trata de mayores de 15 y menores de 18 años de edad, debido a que se establece que la agricultura es una labor peligrosa o insalubre.
Expresó que la educación básica de los jornaleros agrícolas no se dará de manera automática, ya que muchos trabajan porque “no han tenido recursos para estudiar y dedicarse a actividades propias de su edad”.
Recordó que partir de la entrada en vigor de las reformas, los jóvenes entre ese rango de edad, ya no pueden trabajar en los campos agrícolas, “agravando su condición de precariedad y pobreza alimentaria; más aún cuando se da la circunstancia de que muchos de ellos ya son padres de familia”.
El problema es también para los jóvenes que acompañan a sus padres, que no tienen recursos para subsistir, mucho menos para sufragar los gastos escolares; para este tipo de familias es casi imposible destinar parte de sus ingresos a la educación de sus hijos que ya no podrán trabajar, pues esto mermaría el dinero que tienen para subsistir el resto del año.
Sostuvo que en tanto no se reforme de nuevo la Ley Federal del Trabajo, para dejar a salvo las labores no peligrosas o insalubres que pueden realizar los jornaleros de esas edades, se hace necesaria una estrategia especial focalizada de la Sedesol, para que a través de programas presupuestarios se provean los apoyos para que los jóvenes tengan medios para continuar estudiando y satisfacer sus necesidades básicas y las de sus dependientes económicos.
El diputado Jesús Valdés aclaró que bajo ninguna circunstancia se debe permitir a estos jóvenes preparar terrenos o poner cinta de goteo o acolchados, cuando se maneje maquinaria pesada, como tampoco manipular productos químicos usados para combatir las malas hierbas, las plagas y las enfermedades de los cultivos.
Es importante, dijo, garantizar los derechos de niños y adolescentes en cada etapa de su vida, pero hay que reconocer que los jornaleros dejan sus comunidades debido a que viven en pobreza extrema por falta de empleo y medios para producir, además de carecer de servicios de salud y educación básica.
En México, cada año, aproximadamente 3.28 millones de jornaleros agrícolas emigran de comunidades rurales de muy alta y alta marginación a Sonora, Sinaloa, Baja California y Tamaulipas, con la finalidad de trabajar entre 6 y 8 meses del año.