Ciudad de México. La Cámara de Diputados aprobó este martes el dictamen mediante el cual se reforman 17 leyes y se abroga una más, con el propósito de regular las medidas de protección que el Estado debe implementar en favor de mujeres, niñas y adolescentes, y para atacar fenómenos como la discriminación, la violencia y el acoso contra ellas.
Aunque en lo general todos los grupos parlamentarios votaron en favor de la iniciativa enviada el pasado 25 de noviembre a San Lázaro por la presidenta Claudia Sheinbaum, en lo particular el PRI y el PAN lo hicieron en contra, por considerar que la propuesta no garantiza los recursos económicos suficientes para aplicar los cambios en la práctica.
Tras la exposición de diversas reservas –ninguna de las cuales fue aceptada a discusión–, el dictamen fue avalado por el pleno de la Cámara por 333 votos en favor, de Morena y sus aliados; 70 en contra, de PAN y PRI, y 22 abstenciones, casi todas ellas de la bancada del tricolor. Fue enviado al Senado para la continuación de su trámite legislativo.
Igualdad en la práctica
Al fundamentar la propuesta del Ejecutivo, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Ana Miriam Burgos (Morena), subrayó que la reforma implica transitar “de la igualdad formal, la que dice que hombres y mujeres somos iguales ante la ley, a la igualdad sustantiva”.
Uno de los puntos destacados del dictamen, señaló la legisladora, es que las instituciones “deberán planear, presupuestar y ejecutar políticas públicas con perspectiva de género”, además de que haya “métricas, programas, acciones y mecanismos coordinados para cerrar brechas históricas”.
Además, “por primera vez, la ley establece que la medición de impacto será obligatoria. Todas las autoridades deberán evaluar resultados con indicadores claros, datos desagregados y mecanismos de seguimiento”. De esta forma, “la igualdad sustantiva ya no podrá quedarse en discursos ni en buenas intenciones, ahora deberá demostrarse con evidencia”.
En materia de violencia contra las mujeres, la iniciativa prevé el fortalecimiento de las órdenes de protección, seguimiento y trazabilidad; diferencia la violencia vicaria de la violencia familiar; armoniza protocolos nacionales y estatales, y le da a la Secretaría de las Mujeres “capacidad real” de emitir y supervisar la alerta de violencia de género.
La morenista agregó que, en educación, se incorpora la perspectiva de género desde la primera infancia y se fortalecen los protocolos contra el acoso y el hostigamiento, y en salud, se garantiza “una atención libre de violencia obstétrica, servicios de salud mental, sexual y reproductiva, con enfoque diferenciado y la gratuidad para quienes más lo necesitan”.
En materia laboral, recalcó, se establece la igualdad salarial entre hombres y mujeres por trabajo de igual valor; “se establecen obligaciones claras para prevenir el acoso y el hostigamiento en los centros de trabajo y se reconoce y protege la trayectoria laboral de quienes realizan labores de cuidado”.
Mientras tanto, en seguridad social, se define que tanto el IMSS como el Issste eliminen prácticas discriminatorias y capaciten a todo su personal en temas de perspectiva de género, y en vivienda, se establece que los programas gubernamentales incorporen criterios preferentes que garanticen el acceso de las mujeres y reconozcan su derecho a la propiedad en igualdad.
Por otro lado, en materia de migración, se obliga a las instituciones a actuar con perspectiva de género y otorgar medidas de protección inmediatas a toda mujer migrante ante riesgos de trata, explotación y violencia sexual o abuso, y en temas de cultura y ciencia, se establecen acciones afirmativas para garantizar la participación equitativa de las mujeres e impulsar su talento.
Asimismo, se fortalece a la Secretaría de las Mujeres como la instancia que coordinará políticas nacionales en este tema; emitirá y dará seguimiento a las Alertas de Violencia de Género, y dirigirá el Sistema Nacional para la Igualdad Sustantiva, para garantizar una mayor articulación interinstitucional.
Reforma sin fondos: oposición
Aunque la oposición reconoció que el dictamen representa un avance normativo en diversas áreas, también hizo énfasis en que la propuesta presidencial tiene diversos “focos rojos” en su estructura legal y no garantiza que las instituciones recibirán los fondos necesarios para cumplir con sus nuevas obligaciones.
La panista Ana María Balderas Trejo, por ejemplo, alertó que “no estamos ante una reforma técnica, sino una recentralización de poder, un diseño que abre la puerta a usos políticos, que crea mandatos de gasto sin techo financiero y que pone en riesgo derechos fundamentales como la presunción de inocencia, el debido proceso y la imparcialidad judicial”.
Por otro lado, advirtió que varias disposiciones de la enmienda “obligan a la federación y a los estados a incorporar partidas específicas, pero sin un estudio de viabilidad, sin costo-beneficio y sin techo financiero”. En ese sentido, puntualizó que “no se puede gobernar con órdenes de gasto sin dinero, ni se puede exigir más obligaciones sin un respaldo presupuestal”.
De la misma bancada, Tania Palacios Kuri puntualizó que la desigualdad “es un problema estructural, que no se arregla con parches, sino con decisiones”, y que el país “no falla por falta de legislación, sino por falta de voluntad política, de coordinación y de presupuesto”.
Durante la discusión en lo particular, PRI y PAN coincidieron en lamentar que el gobierno federal ha subejercido hasta 51 por ciento de los fondos que se aprobaron para este año en temas como salud materna, sexual y reproductiva de las mujeres, por lo que hicieron ver el riesgo de que este escenario se repita con las reformas aprobadas hoy.
Source: Mexico
