La mayoría oficialista en la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley Aduanera, luego de que el Senado modificó su fecha de entrada en vigor para el 1 de enero de 2026.
La reforma, que fue enviada al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, fue aprobada por 343 votos a favor, 123 en contra y ninguna abstención.
La discusión en San Lázaro se centró en el cambio realizado por el Senado al artículo primero transitorio del decreto, motivo por el cual el documento fue devuelto a la Cámara de Diputados. El pleno consideró el asunto de urgente resolución, por lo que se sometió a debate y votación de inmediato.
La presidenta de la Mesa Directiva, la diputada panista Kenia López Rabadán, precisó que el análisis legislativo estaría centrado únicamente en la modificación realizada por la colegisladora al artículo primero transitorio.
El cambio aprobado por el Senado establece que la reforma a la Ley Aduanera entrará en vigor el 1 de enero de 2026, y no al día siguiente de su publicación, como estaba previsto originalmente.
Sin embargo, algunas disposiciones que se aplicarán antes: una parte del artículo 86-A comenzará a regir un mes después de esa fecha, mientras que otros artículos -el resto del 86-A, junto con los artículos 106, 107 y 145- entrarán en vigor tres meses después con el objetivo de permitir la elaboración de la reglamentación correspondiente.
La reforma también fija la creación del Consejo Aduanero, que integra a la Secretaría de Hacienda, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. La reforma pasó a la titular del Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Durante el breve debate, la oposición señaló que la reforma no está hecha sólo para perseguir evasores fiscales, sino también pequeñas y medianas empresas, así como a ciudadanos.
El diputado priista Emilio Lara Calderón enfatizó que la reforma golpea al comercio, a las empresas y a los ciudadanos.
“En el grupo parlamentario del PRI queremos decirlo claro: así sea el inicio de la vigencia mañana, el próximo mes o el primero de enero, representa un retroceso en materia aduanera. Esta decisión no es un respiro técnico, es una ventana para imponer una reforma que golpea al comercio, a las empresas y a los ciudadanos”, detalló,
Por su parte, la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Patricia Flores Elizondo, resaltó que el gobierno presume como un gran paso contra el contrabando fiscal, pero no está hecha para perseguir a los grandes evasores y cargarle la responsabilidad al pueblo que trabaja, produce y sostiene el país.
“Lo que sí hace es aumentar la responsabilidad legal, económica y operativa de quienes coadyuvan con el Estado: los agentes aduanales, importadores, exportadores, transportistas, pequeñas y medianas empresas”, sostuvo.
Source: Mexico
