La iniciativa de la Ley General del Agua asegura el uso eficiente de los recursos hídricos con criterios de sustentabilidad, equidad y suficiencia, además de que une los esfuerzos de gobierno y sociedad, lo que de ninguna manera significa privatizar el agua, aseguró Manlio Fabio Beltrones Rivera.
El coordinador de la bancada del PRI en San Lázaro resaltó ante legisladores de su partido que integran las comisiones unidas de Agua Potable y Saneamiento y de Recursos Hidráulicos, que esta ley propone que el capital privado se sume a las inversiones públicas.
Actualiza además el régimen de concesiones, permisos, sanciones y tarifas, así como consolida la rectoría del Estado sobre las aguas nacionales mediante instrumentos de planeación como la Estrategia Nacional de Agua, el Sistema Nacional de Información del Agua, la Red Nacional de Medición de la Calidad del Agua y los Consejos de Cuenca.
Recordó que desde el 2012, la Constitución establece el acceso al agua como un derecho humano, pero aún falta un marco reglamentario para que se haga efectivo mediante una política hídrica sustentable, racional e integral que asegure este rubro de la seguridad nacional.
Esto explica la trascendencia de aprobar la nueva Ley General de Aguas que habrá de discutirse en el pleno de la Cámara de Diputados el martes próximo, resaltó el legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en un comunicado.
La gestión responsable del agua no sólo es un tema asociado con la sustentabilidad del desarrollo, la justicia social y con la calidad de vida: el agua también es un asunto de seguridad nacional y uno de los temas cruciales para afianzar el futuro, afirmó el coordinador parlamentario.
“No debemos soslayar la compleja situación hídrica del país, la disminución de la disponibilidad de agua en algunas regiones, el estado crítico de la infraestructura hidráulica y la necesidad de prevenir y mitigar los efectos de las sequías y de otros fenómenos hidrometeorológicos”, enfatizó.
Beltrones Rivera resaltó que el ingrediente de la participación ciudadana es imprescindible en una legislación moderna y en la gestión sustentable del agua.
De ahí que se incorpore una Contraloría Social en los Consejos de Cuenca para que los ciudadanos no sólo participen con su voz, sino en la planeación, ejecución, evaluación y vigilancia de la política nacional hídrica, al tiempo que propongan recomendaciones sobre la administración del agua, la infraestructura hidráulica y los servicios relacionados.
El objetivo, dijo, es asegurar la dotación de agua para sus distintos usos, incluyendo el agrícola, industrial y en servicios, y garantizar que cada mexicano reciba la dotación mínima de 50 litros diarios a la que todo ser humano tiene derecho.
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