La presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez, diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (PRD), resaltó que en México, en tan sólo cinco años, se detectaron más de 4 mil páginas de pornografía infantil en Internet, y se calcula que actualmente está disponible en línea más de un millón de imágenes de menores de edad sometidos a abusos sexuales y explotación.
En reunión de trabajo de la instancia legislativa, Juárez Piña aseguró que la prostitución, la pornografía y el turismo sexual de niñas, niños y adolescentes generan ganancias de 32 millones de dólares al año. Eso explica el gran poder económico que tienen las mafias de pedofilia, más aún en México donde aprovechan la corrupción, incluso de jueces y ministerios públicos, para actuar impunemente.
Resaltó que en el país, los pederastas tardan sólo 12 minutos en contactar a sus víctimas por Internet, induciéndolas a desnudarse o a ver pornografía.
Señaló que la Secretaría de Seguridad Pública reportó que en México se registran altos índices de abuso sexual infantil, donde 77 por ciento de las víctimas son niñas entre 5 y 7 años, quienes, en todos los casos, conocían al agresor, siendo de su círculo más cercano como hermanos, padrastros, tíos e incluso padres.
Ante ello, la Comisión aprobó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y a la Procuraduría General de la República (PGR), a sumarse e implementar la resolución aprobada por el Parlamento Europeo sobre la Lucha Contra el Abuso Sexual Infantil y las imágenes ilegales en internet.
Juárez Piña, promovente del exhorto, precisó que el pasado 5 de diciembre de 2012, la Comisaria Europea de Asuntos del Interior lanzó una convocatoria para conformar la Alianza Global Contra el Abuso Sexual Infantil en Línea, la cual contempla unir a las y los responsables de la toma de decisiones en el tema de infancia de todo el mundo, para identificar con mayor oportunidad y rapidez a los probables delincuentes, perseguirles e implementar sanciones, así como ayudar a las víctimas de estos actos.
Con esta alianza, apuntó, se pretende internacionalizar y reforzar los recursos nacionales para poner más delincuentes a disposición de la justicia internacional, e identificar a más víctimas de estos abusos, garantizando sus derechos.