La Audiencia Nacional de España aprobó extraditar a México a Diego Cruz Alonso, el joven de 21 años detenido en Madrid como uno de los miembros de “Los Porkys”, reclamado por un delito de pederastia por la supuesta violación de una menor cometida en Veracruz en enero de 2015.
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, de acuerdo con el criterio del fiscal, decidió extraditar al joven y rechazó los argumentos de la defensa, que atribuyó la acusación de violar a la menor a una “elaborada extorsión” del padre de la joven, quien los secuestró y les pidió 4 millones.
La Audiencia Nacional argumentó que el delito por el que se solicita la entrega es de naturaleza común, no se advierte motivación espuria en la demanda, no ha prescrito y no cabe apreciar circunstancias extintivas de la responsabilidad penal.
“Siendo incuestionable la jurisdicción de México atendido el principio de territorialidad”, detalló.
Asimismo, respecto a la nacionalidad española del reclamado como obstáculo para su entrega, como planteó su defensa, la Sala considera que “de ninguna manera” impide la extradición, conforme al artículo 13.3 de la Constitución y el tratado bilateral España-México.
Durante su comparecencia ante la Audiencia Nacional española, Cruz Alonso explicó cómo el padre de la menor les sacó un arma, les amenazó de muerte, les pidió el dinero a cambio de no denunciarles y les obligó a grabar un vídeo disculpándose por una violación de la que se ha declarado “cien por cien inocente”.
Cruz Alonso indicó que el padre de la víctima espió durante varias semanas a los jóvenes acusados de la violación en grupo, de familias adineradas, para luego extorsionarlos valiéndose de un socio que les citó en su despacho.
Ese día, según relató el acusado, el padre les dijo que si no depositaban 4 millones, los mataba “a todos”, tras lo que les obligó a grabar un mensaje de disculpa.
El joven detenido, que según su defensa tiene nacionalidad española, se inscribió en noviembre del año pasado en una universidad de Madrid, a donde se trasladó en marzo de 2016, lo que para la Fiscalía española, que apoyó la extradición, supuso una huida de la justicia mexicana.
Cruz Alonso fue acusado en México de “pederastia tumultuaria”, puesto que los hechos se llevaron a cabo en acción conjunta con más personas, por lo que se puede enfrentar a una pena de entre 12 y 40 años de prisión según la legislación mexicana.
Es el segundo de los presuntos autores de esta agresión que ha podido ser arrestado, ya que en mayo lo fue en México otro de los sospechosos: Enrique Capitaine.