México llegó al momento en el que ya no puede ocultar violaciones a los derechos humanos de parte de elementos militares, pues la fallida guerra contra el narco están orillando al país a una especie de “guerra civil” en la que cada vez sean más acotadas las opiniones críticas o se vean masacres como la de Tlatlaya, advirtió el General en retiro José Francisco Gallardo Rodríguez.
En entrevista con SinEmbargo, Gallardo Rodríguez habló de cómo debe replantearse la estrategia de seguridad para regresar al Ejército y a la Marina a los cuárteles, en lugar de mantenerlos en las calles haciendo labores que deberían estar a cargo de corporaciones civiles. el General impulsa un proyecto que sume a las Fuerzas Armadas en una sola dependencia cuyo mando esté a cargo de un civil –sin detallar aún por quién debería ser nombrado.
Este es el momento, asegura, para evitar que el país siga caminando hacia una guerra civil en la que se siga limitando la libertad de expresión y se sigan cometiendo nuevas masacres.
Gallardo Rodríguez es un General Brigadier del Ejército Mexicano, que cobró relevancia en 1993 cuando fue encarcelado por la institución castrense acusado de enriquecimiento ilícito, malversación de fondos y calumnias al Ejército, entre otros, luego de hacer pública su postura a favor de la creación de un defensor de los derechos humanos de los militares.
En 1993 publicó en la revista Fórum un artículo –sobre su tema de tesis– en el que sugería la creación de la figura de un Ombudsman militar, con el propósito de que éste regulara los abusos dentro de la vida castrense.
Un mes después de publicar dicho texto –titulado “La necesidad de un Ombudsman Militar en México”– fue arrestado acusado de 27 delitos en nueve averiguaciones previas.
De acuerdo con la historia que aún recuerda Gallardo, la Fiscalía Militar lo acusó de haber efectuado depósitos en su cuenta maestra número 77-44026-1, por 2 millones 957 mil 548 pesos, mientras que “por concepto de haberes, sobrehaberes y demás emolumentos percibidos 1981 a 1991 –tiempo en que fue servidor público en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)– se acreditaron 102 mil 082 pesos”
El ahora profesor universitario y asesor parlamentario fue condenado por un Consejo de Guerra a 14 años de prisión.
Desde su encarcelamiento, organismos nacionales e internacionales iniciaron unaintensa lucha para conseguir su liberación. En 1996, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una recomendación al Gobierno mexicano pidiendo que fuese liberado. Sin embargo, el Estado nunca avisó a este organismo sobre los avances, por ello en 1997 fue declarado por Amnistía Internacional (AI) como “preso de conciencia”.
Sobre su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió 37 amparos en contra de la justicia militar y del alto mando, pero ninguna se cumplió.
En 2002, el Gobierno del Presidente Vicente Fox Quesada ordenó su liberación y desde entonces ha mantenido su exigencia de crear una figura que actúe ante los abusos al interior de los instituciones castrenses.