Valeriano Suárez Suárez, Vicepresidente Nacional de Estado de Derecho y Democrático de Coparmex, exigió que el proceso de nombramientos de los titulares que conformarán el Sistema Nacional Anticorrupción se lleve a cabo con base en el mérito personal y la capacidad profesional, y se conduzcan de acuerdo con los principios de gobierno y parlamento abierto.
El directivo de Coparmex participó en el lanzamiento de la Campaña “Designaciones contra la Corrupción”, organizada por organizaciones de la sociedad civil, defensoras de derechos humanos y promotoras de la transparencia y rendición de cuentas y organismos empresariales.
Suárez Suárez destacó que en México la mayoría de las designaciones públicas se deciden por autoridades políticas, en procesos cerrados, sin información pública, y a partir de la repartición de cuotas entre los partidos políticos y el predominio de intereses particulares.
“Esta forma de realizar los procesos de designación no garantiza una evaluación técnica de los aspirantes, con base en perfiles especializados e independientes para ocupar los cargos; debilita a las instituciones al no dotarlas de legitimidad de origen; y genera desconfianza por parte de la ciudadanía hacia su desempeño y la toma de decisiones”.
respecto, precisó que en los próximos meses se llevarán a cabo procesos de designación de primera relevancia para el buen funcionamiento del sistema democrático del país.
Entre ellos destacan los(as) nuevos(as) Magistrados(as) Electorales, el (la) titular de la Procurador General de la República que podría convertirse en el(la) primer(a) Fiscal General, el(la) titular de la Secretaría de la Función Pública, el(la) nuevo(a) Fiscal especial en materia de combate a la corrupción y los(as) integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.
Por tanto, los grupos reunidos hoy instaron al Poder Ejecutivo y al Senado de la República, en tanto autoridades encargadas de estos procesos, a incorporar, como mínimo, los siguientes cinco elementos de gobierno y parlamento abierto:
1. Realizar convocatorias públicas en las que se determinen de manera previa y clara, el proceso y sus etapas, así como el perfil (diferenciando claramente los requisitos mínimos y los elementos de idoneidad).
2. Garantizar la máxima publicidad y rendición de cuentas durante todo el proceso (incluyendo el acceso a los expedientes de las y los aspirantes a los cargos).
3. Implementar comparecencias públicas de las y los candidatos para que la ciudadanía en general pueda conocer sus propuestas y planteamientos.
4. Utilizar instrumentos técnicos de valoración para los perfiles, que incluyan criterios objetivos y que estos sean públicos antes y después de la toma de decisiones.
5. Establecer mecanismos de participación ciudadana sustantiva en cada uno de los procesos, garantizando la posibilidad de presentar objeciones y cuestionamientos a las y los candidatos.
Las designaciones ya mencionadas serán claves para el combate a la corrupción y a la impunidad en nuestro país.
Es por ello que las organizaciones de la sociedad civil, académicas y empresariales, enfocaremos durante los próximos meses nuestros esfuerzos para acompañar la labor de las autoridades responsables en estos procesos de designación, de forma que garanticen el nombramiento de personas capaces, imparciales e independientes a la cabeza de dichas instituciones. Las organizaciones de derechos humanos, de transparencia y empresariales, en un esfuerzo conjunto de combate a la corrupción e impunidad, daremos seguimiento y participaremos activamente en estos procesos de designación y de diseño institucional, sin duda #VamosPorMás.