Diversos organismos internacionales alertaron que en México sólo una de cada cuatro personas mayores de 65 años recibe una pensión, además de que el 45 por ciento de los trabajadores en México alcanzará apenas entre el 20 y 40 por ciento de sus actuales salarios, lo que resulta insuficiente para una vida digna, por lo que para el año 2050 habrá entre 65 y 85 millones adultos mayores en condiciones de pobreza y exclusión en América Latina.
Especialistas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal), y del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social (CIESS), advirtieron que en México sólo el 37 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) cuenta con seguridad social, nivel por debajo del resto de América Latina y el Caribe, donde el promedio es del 45 por ciento.
De acuerdo con cifras del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), al 31 de marzo de 2015 había 17 millones 538 mil 198 trabajadores afiliados. En tanto, según información de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al cuarto trimestre de 2014, la PEA con empleo sumaba 49 millones 823 mil 798 mexicanos.
Los niveles de cobertura de seguridad social que México son similares a los de países como Honduras y Guatemala, y están por debajo de naciones como Brasil, Argentina y Chile.
Aunado a ello está el tema de la informalidad, el cual alcanza el 56 por ciento de la ocupación laboral, por lo que un importante sector de la PEA no cotiza en seguridad social. Ese sector de la población ni siquiera cuenta con un esquema de ahorro en cuentas privadas para el retiro. Se suma además la desigualdad de género, pues México destaca por el alto porcentaje de mujeres trabajadoras sin seguridad social, la mayoría en la informalidad, dedicadas a quehaceres domésticos.
Este panorama se vuelve más crítico cuando se toma que el país enfrentará grandes desafíos para atender a poco más de 36 millones de adultos mayores que, se estima habrá a mediados de siglo, según el Consejo Nacional de Población (Conapo), pues el bono demográfico genera mayor complejidad en el sistema de pensiones ante el ingreso de 800 mil jóvenes por año al mercado laboral.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), al cierre de 2013, el grupo de trabajadores con 36 años o menos alcanzará una pensión de 30.7 por ciento de su salario; de 37 a 45 años de 19.9 por ciento, inferior a la pensión básica garantizada; 46 y 55 años, de 13.8, y los mayores a 55 años, apenas lograrán 5.2 por ciento de ahorro, lo que es absolutamente insuficiente.
Durante las conferencias que se han realizado en el Senado de la República con motivo de la “Semana de la Seguridad Social”, especialistas de diversas organizaciones a nivel mundial alertaron de la importancia de aumentar la cobertura de los seguros a los trabajadores mexicanos, así como garantizar el financiamiento de las pensiones. Además advirtieron que México registra el menor porcentaje de afiliados y una de las más bajas jubilaciones de toda América Latina.
La tasa de reembolso de las cuentas de retiro a las pensiones en México oscila entre 20 y 40 por ciento, según el nivel salarial de los trabajadores; pese a que la tasa promedio de la región es de 60 por ciento. Lo anterior significa que el 21 por ciento de los trabajadores en el país que han cotizado alcanzarán entre 20 y 30 por ciento de reembolso, por lo que no tendrán una pensión suficiente para su retiro.
Además, en el país existe el riesgo de una eventual falta de financiamiento de las pensiones por parte del Gobierno, tanto de los jubilados del sistema de trabajadores del Estado, como a los del sistema no contributivo, las que se otorgan a personas en situación de pobreza y que no cotizaron durante su vida laboral, y del programa 60 y Más, debido a la baja recaudación fiscal, de apenas 11.8 por ciento.
LA COBERTURA EN MÉXICO
Tomas Wissing, de la OIT, advirtió que México registra una de las tasas más bajas en América Latina de cobertura de seguridad social, pues sólo el 27 por ciento de las personas mayores de 65 años reciben una pensión, es decir, sólo uno de cada cuatro adultos mayores cuentan con este recurso.
El especialista sostuvo que en este contexto el Estado mexicano “enfrenta importantes retos con su población y en el cumplimiento de los compromisos con organismos internacionales, como la propia OIT”. Entre estos destacan, el impulsar esquemas mixtos contributivos y de pensión no contributiva, para alcanzar el 40 por ciento de la cobertura del salario actual y garantizar pensiones suficientes. Así como incrementar la capacidad de recaudación fiscal a fin de dar soporte a las finanzas públicas; y aumentar el trabajo formal.
En tanto, el representante de la OCDE, Roberto Martínez Yllescas, criticó que en la región las reformas en materia de seguridad social registran un severo déficit al no alcanzar la universalidad en la cobertura, lo que representa un riesgo de mayor pobreza en México y en el resto de los países de la zona.
Nuestro país, abundó, tiene como objetivo generar un esquema integral que permita la universalidad de las pensiones contributivas y no contributivas con los que cuenta el país. Con esto se darán garantías a aquellos que, al pasar del sistema privado al público o viceversa, o al entrar en sistema no contributivo, puedan mantener sus cotizaciones.
Hernán Gómez Bruera, de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) hizo énfasis en la preocupación ante el riesgo de mayor pobreza en la región, por la insuficiencia de las pensiones para personas mayores, que incluso alcanza a las familias. En lo particular, dijo, la pobreza rural que disminuyó en México de 27 a 21.3 por ciento, de los 90 al año 2009; sin embargo, en naciones como Brasil descendió de 46 a 15.2 por ciento en el mismo lapso.
En este contexto hizo un llamado a que las autoridades del Estado realicen una autocrítica y reconozcan que no previeron mecanismos para dotar a la seguridad social de sostenibilidad financiera, garantizar los costos de transición y evitar el déficit fiscal. “Se requiere una nueva reforma que cumpla con el objetivo de generar el ahorro necesario, lograr sistemas incluyentes y mejorar los ingresos de los trabajadores al momento de su retiro”, abundó.
Ernesto Acevedo, del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social (CIESS), advirtió también que una de las principales afectaciones a la seguridad social en México ha sido la flexibilización del mercado laboral.
“Esta situación ha facilitado la entrada y salida de los trabajadores de los diversos sistemas de pensiones, por lo que no hay seguridad en las contribuciones, pero además se deja fuera de cualquier programa a un gran porcentaje de la población económicamente activa”, sostuvo.
Por ello, el especialista consideró de gran importancia establecer mecanismos que eviten la volatilidad en el mercado del trabajo, lo que requiere de una visión integral en el nuevo esquema de seguridad social para México.