La ciudadanía debe tener la certeza de que los tribunales electorales del país garantizarán cabalmente la legalidad y constitucionalidad de las elecciones federal y locales que se llevarán a cabo el próximo 7 de junio, aseguró José Alejandro Luna Ramos, magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Al participar en la inauguración del Encuentro Nacional de Magistradas y Magistrados Electorales. “Consolidando la Democracia. Elecciones 2015”, que se realiza en Guadalajara, Jalisco, señaló que el país cuenta con instituciones democráticas sólidas, sensibles y receptivas para proteger los derechos político-electorales de la ciudadanía de votar y ser votado, así como a la libertad de expresión y a la información que se genere en las campañas electorales.
Manifestó que las novedades en el marco jurídico que regula la contienda por los espacios de gobierno y representación tienen como propósito adecuar el funcionamiento de las instituciones a la realidad de una sociedad dinámica, diversa y plural.
“Hoy bajo un nuevo marco normativo, cuando la ciudadanía reclama certeza y responsabilidad de los órganos de Estado, estoy seguro que las instituciones encargadas de conducir con transparencia y legalidad de los procesos comiciales, representan la más sólida garantía de imparcialidad”, expuso el Magistrado Presidente.
En presencia de María del Carmen Alanis Figueroa, y Flavio Galván Rivera, magistrada y magistrado de la Sala Superior, respectivamente; de José Fernando Franco González Salas, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y de José Aristóteles Sandoval Díaz, gobernador del estado, señaló que en las últimas décadas, los órganos jurisdiccionales electorales han encauzado eficazmente los conflictos electorales al ámbito institucional y han hecho posible que miles de mexicanas y mexicanos ejerzan de una manera más amplia sus derechos.
Luna Ramos convocó a todos los actores políticos e institucionales a sumar esfuerzos para traducir la letra y el espíritu de la ley en la realidad que consolide nuestra convivencia democrática.