El gobierno del Distrito Federal anunció el fin del conflicto entre taxistas concesionados y empresas Uber y Cabify, al publicar en la Gaceta Oficial el esquema de regulación del servicio privado mediante aplicaciones (apps) y plataformas informáticas que deberán registrarse ante la Secretaría de Movilidad (Semovi), quien otorgará permisos a los operadores, obligará a capacitación y a obtener seguro.
Además, no permitirá a vehículos amparados por permisos de las empresas recibir pagos en efectivo, mediante tarjetas prepagadas no bancarias, ni aceptar pago en tiendas de conveniencia mediante monedero electrónico, subarrendamiento de vehículos concesionados, hacer base o sitio ni uso indebido de la vía pública, sino que serán resguardados en el domicilio declarado por los operadores.
Dicho ordenamiento entrará en vigor en 15 días posteriores a la publicación, de igual forma los prestadores del servicio privado aportarán 1.5% del costo de cada viaje, sin impactar el cobro a usuarios, que se integrará al Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón, ley próxima a su publicación, cuyos recursos no ingresarán a la Tesorería sino que se destinarán a mejoras del servicio de taxis y plataformas mismas.
La regulación también incluye crear un registro para que los particulares puedan contratar el servicio público de taxi mediante apps.
Todo esto, agregó el gobierno de la ciudad de México, se asume de los alcances previstos en la Ley de Movilidad vigente.
Los taxis privados deben contar con las siguientes características: calcomanía cero, cuatro puertas, aire acondicionado, cinturones de seguridad para todos los pasajeros, bolsas de aire delanteras, radio y portar identificación en el interior del vehículo que al efecto determine la Semovi en lugar visible, el precio de los vehículos deberá ser de al menos 200,000 pesos, de acuerdo al costo de factura de origen.
El Economista