El gobierno federal y el sector empresarial gasolinero firmarán este jueves 27 de febrero la “Política Nacional para promover la estabilización del precio de la gasolina en beneficio del pueblo de México” con el objetivo de que el precio de la gasolina regular o Magna se venda a menos de 24 pesos por litro.
De acuerdo con el documento que será firmado a las 11:00 hrs. de este jueves en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, se trata de una política de “carácter voluntario” y que “no impone obligaciones adicionales forzosas a las partes firmantes”:
“La vigencia de la política será de seis meses contados a partir de la fecha de su firma. Durante este periodo, se llevarán a cabo evaluaciones periódicas para determinar su efectividad y realizar los ajustes y demás acciones necesarias en función de los resultados obtenidos”, dice el documento que se suscribirá mañana.
En los objetivos de la política, se detalla que Petróleos Mexicanos instrumentará en las terminales de almacenamiento y reparto (TAR) un precio mayorista nacional para la gasolina regular que permita cumplir con la meta de que el combustible se venda a los consumidores a menos de 24 pesos.
Para esto, tanto Pemex como los demás importadores, comercializadores, distribuidores y transportistas que firmen el acuerdo se comprometen a revisar sus políticas de comercialización y a realizar las acciones con el fin de “ayudar a que sus franquiciatarios o clientes puedan trasladar a los consumidores los beneficios del precio mayorista nacional”.
De acuerdo con lo establecido en la Política, de esta manera se buscará que haya un diferencial razonable que no exceda de dos pesos, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), entre los precios que se vendan al público y los precios de mayoreo a los que vendan Pemex y otros importadores comercializadores.
“Pemex instrumentará acciones para facilitar la distribución de última milla, asegurando que el suministro llegue a todas las regiones de manera eficiente”, se lee en el documento.
Además, se revisarán aquellos casos en los que, debido a costos logísticos u otras razones, el diferencial razonable no sea suficiente para cubrir los costos operativos y la recuperación de la inversión, proponiendo ajustes en coordinación con las autoridades competentes.
“La política está enfocada en los mayoristas. Eso me llama mucho la atención porque los comercializadores, importadores y distribuidores no pueden obligar a la estación de servicio a que tengan un margen de más de dos pesos”, comentó Alejandro Montúfar, director general de la consultora PETROIntelligence.
Asimismo, en la Política se agrega que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) continuará con el mecanismo de estímulos fiscales y cuotas disminuidas al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las gasolinas y el diésel, esto para amortiguar las variaciones en el precio final por las alzas en las cotizaciones internacionales del petróleo.
Adicional a ello, se precisa que los permisionarios de expendio al público de gasolina deben continuar con su obligación de reportar diariamente a la autoridad competente el precio de estos combustibles, además de que reafirman su compromiso de cumplir con la regulación de controles volumétricos y especificaciones de calidad de combustibles.
También se establece que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) debe continuar con el monitoreo de los precios de las gasolinas y el diésel en estaciones de servicio, así como con sus actividades de supervisión conforme a lo previsto en la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Adicionalmente, la Profeco establecerá mecanismos de información semanal para dar a conocer a la población el precio de venta de los combustibles en las TAR , y los costos de operación de las estaciones de servicio, con la finalidad de transparentar los costos a la población e identificar a las estaciones que expendan combustibles a precios por debajo del costo en las terminales y sus costos de operación.
“En estos casos, las autoridades competentes llevarán a cabo verificaciones para comprobar la licitud del origen o la calidad de los combustibles que expenden, para evitar que pongan en riesgo la salud y la integridad de la población”, se explica en el documento.
Por otro lado, se agrega que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente reforzarán su labor de supervisión de controles volumétricos de los combustibles y de auditorías periódicas a importadores, comercializadores, distribuidores y expendedores al público.
Finalmente, se detalla que el gobierno federal mantendrá mesas de trabajo de forma continua y permanente para el análisis de la normatividad en materia de combustibles con el fin de mejorarla, además de que cualquiera que no haya suscrito la Política podrá hacerlo en cualquier momento durante la vigencia de la misma.
Source: Mexico