Las crisis y conflictos que enfrenta México han obligado en la última semana al presidente Enrique Peña Nieto a tomar acciones urgentes que salen del estilo que ha caracterizado a su gobierno.
La semana pasada fue una de las más difíciles para la administración del mandatario.
La situación adversa que se vive en el país fue aprovechada por el presidente de la República para mandar señales de cambio de dirección en su gestión.
Primero, el mandatario ordenó –tras las protestas violentas de Nochixtlán, Oaxaca, que derivaron con la muerte de 8 personas– instalar una mesa de diálogo con la CNTE, el sindicato de maestros que se oponen a la Reforma Educativa.
Luego Peña Nieto hizo valer sus facultades para vetar el polémico apartado de la Ley 3de3 que obligaba a los empresarios con contratos con gobierno a rendir sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de conflicto de interés.
El veto presidencial no estuvo exento de polémica: el artículo 32 de esta disposición había sido aprobado en el Senado de la República hace dos semanas por su partido, el PRI, como parte del Sistema Nacional Anticorrupción.
La aprobación hace dos semanas en el Congreso de esta Ley había provocado la inconformidad de las cámaras empresariales que habían impulsado la Ley 3de3. En lugar de obligar a los funcionarios a rendir sus declaraciones, como la IP buscaba, los senadores cambiaron la redacción del proyecto y la disposición la hicieron obligatoria a los empresarios.
La semana pasada concluyó con una crisis que se generó a nivel internacional con repercusiones en el país: el Brexit británico.
El Gobierno federal decidió defender el peso y realizó otro recorte de 32 mil millones de pesos en el gasto público para hacer frente a la volatilidad de la moneda.
¿Los cambios y estas decisiones seguirán?
En el medio político se asegura que este viraje en su gobierno que pretende realizar Enrique Peña Nieto a dos años de concluir su presidencia también incluirá cambios en su gabinete.
Una semana negra
El domingo 19 de junio estalló la violencia del conflicto magisterial en Oaxaca, cuando maestros de la CNTE y policías federales chocaron en Nochixtlán con un saldo de 8 muertos y más de 100 heridos. (La CNTE sostiene que 11 personas murieron durante la jornada)
El martes, el presidente Peña Nieto ordenó establecer un diálogo con la CNTE con la intención de evitar más protestas violentas.
La instrucción de establecer una mesa de diálogo con los líderes de la Coordinadora se realizó pese a que las negociaciones con el sindicato disidente se habían roto desde hace un año.
El miércoles, en la Secretaría de Gobernación se celebró una primera reunión entre representantes de la CNTE y funcionarios federales, encabezados por Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación.
Durante el primer encuentro no hubo grandes acuerdos, con excepción de pactar volverse a reunir el día hoy lunes para definir una agenda en común.
Una de las principales demandas de la CNTE es la liberación de los líderes de esta organización que han sido detenidos, incluyendo Rubén Núñez y Francisco Villalobos.
Entre sus peticiones está también la renuncia tanto de Aurelio Nuño, secretario de Educación, como del gobernador de Oaxaca, Gabino Cué.
El Gobierno federal –principalmente a través de Nuño– ha asegurado que en estas mesas no está a negociación la Reforma Educativa como exige la CNTE.
También el diálogo con la CNTE se da, pese a que Nuño había sentenciado que no habría retroceso en la Reforma y se había negado a negociar.
La reforma educativa
Desde su llegada a Educación, Aurelio Nuño se decidió a implementar la Reforma Educativa principalmente en lo que se refiere al proceso de evaluación que exige la reforma para que los maestros puedan seguir dando clases.
Los despidos de maestros y el descuento salarial para aquellos profesores que participaban en marchas fueron las principales medidas que instruyó Nuño en contra de la CNTE.
El conflicto se elevó hace dos semanas cuando el gobierno detuvo a dos de los principales líderes: Rubén Núñez, dirigente de la sección 22, y Francisco Villalobos, secretario de Organización.
Los frentes abiertos
El Gobierno federal tiene varios frentes abiertos en el país: protestas de médicos a lo largo de todo el país. Conflictos postelectorales en Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo. Confrontación con la Iglesia mexicana por la legalización de los matrimonios entre parejas del mismo sexo en el país.
Y si eso no fuera suficiente: la semana pasada se presentó la renuncia de Manlio Fabio Beltrones al PRI, el partido de Peña Nieto, quien dejó el cargo por los resultados electorales adversos que tuvo el tricolor en las elecciones del pasado 5 de junio.
En su discurso de despedida, Beltrones llamó a todos los priistas a realizar una reflexión sobre la debacle electoral que tuvo el PRI en la elección y la responsabilidad que han tenido gobernadores en esta derrota.
La polémica 3 de 3
Fue más que una insinuación. Si hay corrupción en el gobierno es porque hay empresarios que la provocan. Era la voz del Senador, Pablo Escudero, del Partido Verde y secundada por el sempiterno priista Emilio Gamboa.
La llamarada creció como en pasto seco. La Iniciativa Privada de este país, que había impulsado la famosa Ley 3 de 3, que consiste en que los funcionarios presenten sus declaraciones fiscales, patrimoniales y de intereses, se puso en guardia.
Decididos a iniciar una batalla se inconformaron. Los empresarios de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), encabezados por el presidente nacional, Gustavo de Hoyos, salieron a protestar al Ángel de la Independencia.
Esa marcha bastó para llamar la atención y para ser recibidos en Los Pinos por el Presidente, quien después de escucharlos, y a través de su vocero Eduardo Sánchez, anunció que se revisaría la iniciativa.
Finalmente pasaron tan sólo unos días y el jueves pasado por la noche, Humberto Castillejos, consejero jurídico de la Presidencia de la República, anunció que se realizarían observaciones al artículo 32 de la Ley 3 de 3 y a otros 15 que se encuentran relacionados con esa disposición.
La reversa en Los Pinos
Como pocas veces, los empresarios alzaron la voz para expresar su inconformidad. Les afectaba un artículo en particular; el que obligaba a los prestadores de servicios del gobierno a someterse al escrutinio de la Ley 3 de 3.
En sus fracciones B y C, el artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas aprobada por el Congreso de la Unión, se refiere a “cualquier persona que reciba y ejerza recursos públicos o contrate bajo cualquier modalidad con Entes públicos de la Federación, de las Entidades federativas y los municipios”.
Y también que “Las personas físicas que presten sus servicios o reciban recursos de las personas morales a que se refiere la fracción anterior”.
Estas disposiciones incluían a empresarios y sus empleados; beneficiarios de programas de gobierno; emprendedores que reciben algún apoyo; entre otros, lo que a juicio de los empresarios acarrearía tal cantidad de información que volvería inoperante el Sistema Nacional Anticorrupción.
El artículo no tenía precedentes, medía con la misma vara a empresarios y funcionarios. Y a los aludidos no les cayó nada en gracia.
Incluso los estudiantes beneficiarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) tendrían que ser parte de esta rendición de cuentas.
De acuerdo a fuentes al interior de Los Pinos desde un principio no gustó la redacción de este artículo y menos la interpretación que se empezó a hacer socialmente de él. Se veía como una venganza por parte del Legislativo contra los empresarios que promovieron esta Ley.
Por eso a las pocas horas que el tema cobró fuerza en la opinión pública, en Los Pinos se activó la reversa.
Castillejos sostuvo que el equipo jurídico de la Presidencia analizó cuáles eran las implicaciones de este artículo y se percató de que podía haber una afectación a los derechos humanos.
“La Presidencia de la República ha escuchado con atención las voces que dicen que esta medida es excesiva y haría inoperante el Sistema Nacional Anticorrupción”, aseguró en una rueda de prensa nocturna.
Sin embargo la Presidencia de la República dejó sin modificar el artículo 29 de la Ley.
En dicho artículo se establece que los servidores públicos presentarán sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, pero solo se hará pública una versión.
Aún así la decisión no tenía precedentes. Era la primera vez que Enrique Peña Nieto utilizaba sus facultades para modificar una Ley.
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