Las autoridades han localizado al menos 60 fosas clandestinas con 129 cadáveres en el municipio de Iguala desde la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en esa localidad de Guerrero el 26 de septiembre de 2014.
Según los datos conseguidos por The Associated Press mediante una solicitud de información al gobierno, la Procuraduría General de la República (PGR) señaló que en ocho meses, de octubre de 2014 a mayo de 2015 —ambos incluidos—, se localizaron en Iguala 60 fosas clandestinas con 129 cuerpos en total, pero se aclara que la cifra real podría ser mayor.
“Los datos reportados representan únicamente la intervención del personal especializado en asuntos relacionados con fosas clandestinas, aclarando que no en todos los casos de fosas intervienen los peritos de esa unidad administrativa”, indicó la PGR.
Iguala fue el municipio donde hace 10 meses mataron a seis personas y desaparecieron 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, sucesos en los que participaron autoridades y policías locales en complicidad con el crimen organizado y que fueron calificados por el ombudsman Luis Raúl González Pérez como “el más grave conjunto de violaciones a los derechos humanos en la memoria reciente del país”.
De los 129 restos localizados en todos los enterramientos señalados, 112 eran de hombres, 20 de mujeres y el resto sigue sin determinar o en proceso de valoración.
De acuerdo con la información proporcionada por la PGR, a fecha 13 de julio solo se tenían datos de haber identificado a 16 personas.
En el mes de octubre, una semana después de la desaparición de los 43 estudiantes, fue cuando se localizaron más fosas, 11 con un total de 39 cuerpos. Le siguieron el mes de enero y abril de 2015, cuando se encontraron 10 enterramientos cada mes.
Tras la desaparición de los alumnos de Ayotzinapa, grupos de policías comunitarios de Guerrero colaboraron con familias de víctimas y con las autoridades en la búsqueda de fosas clandestinas.
Ninguno de los restos hallados pertenecía a los estudiantes que, según la versión oficial, fueron quemados en un basurero en la vecina localidad de Cocula y sus restos esparcidos por el río.
Las desapariciones y asesinatos fueron algo habitual en Iguala durante los últimos años debido a la complicidad del crimen organizado, y en concreto el grupo Guerreros Unidos, con el alcalde del lugar, José Luis Abarca, y todas sus corporaciones de seguridad.
Según el informe presentado por el ombudsman el pasado jueves, 10 meses después, las condiciones de crimen, inseguridad, encubrimiento e impunidad que permitieron la desaparición de los 43 jóvenes todavía continúan.
Fuente: jornada.unam.mx