Administraciones estatales y del Distrito Federal subestiman el ejercicio de sus presupuestos, propiciando condiciones para destinar recursos de manera discrecional.
Una revisión a las cuentas públicas del Estado de México, el DF, Nuevo León, Jalisco y Chiapas arroja que de 2012 a 2014 sus presupuestos ejercidos fueron mayores a los aprobados desde un 3 por ciento y hasta un 42 por ciento.
La práctica suele utilizarse cada año por las entidades con el objetivo de que no se sobregiren los presupuestos, pero los excedentes se gastan a discreción, indicaron especialistas en finanzas públicas.
“En algunas entidades la ley tiene reglas para destinar los ingresos excedentes, pero en otros estados no, eso les da gran potestad y margen. Se dice a qué rubros se deben ir, pero al final de cuentas son rubros muy generales, sigue habiendo discrecionalidad. Decir que se van a obra pública o a programas sociales es muy general”, comentó Victor Lamoyi, director de Xolutia Consultores, firma especializada en finanzas públicas.
*Los excedentes se deben destinar a gastos de inversión como desarrollo de infraestructura y pago de deuda, consideran expertos.
*Entre los presupuestos aprobados y ejercidos de las cinco entidades sumó 266 mil 894 millones de pesos entre 2012 y 2014.
* La Auditoría Superior de la Federación revisará en 2016 la ejecución estatal de los recursos destinados a infraestructura.
De las cinco entidades revisadas, Nuevo León es la que más subestimó en los últimos tres años.
En 2013 el presupuesto aprobado fue 42.4 por ciento menor al ejercido en términos nominales, la diferencia fue por 45 mil 749 millones de pesos. En 2012, fue 25.3 por ciento o 20 mil 187 millones de pesos y en 2014, 18.3 por ciento.
Sigue el Estado de México, cuya diferencia entre sus presupuestos aprobados y ejercidos sumó 76 mil 747 millones de pesos de 2012 a 2014.
En 2014, la Asamblea del DF aprobó un presupuesto por 156 mil 837 millones de pesos y el ejercido fue de 182 mil millones de pesos, una diferencia de 14.1 por ciento. En 2013 ejerció 164 mil 343 millones de pesos y el original estimó 144 mil 140 millones de pesos.
La llegada de estos recursos se consideran como excedentes.
Si bien existen metodologías en la ley para repartirlos entre las necesidades de los estados, no están etiquetados y pueden prestarse a un uso facultativo.
Generalmente, se recomienda que se utilicen estos recursos para conceptos como el pago de deuda, o desarrollo de infraestructura, explicó Enrique Velderrain, socio de Velderrain Sáenz y Asociados.
LOS MOTIVOS
La mayoría de las veces existen diferencias entre los presupuestos aprobados y los de las cuentas públicas, difieren entre 10 y 20 por ciento, explicó Víctor Lamoyi.
“Hay una costumbre muy fuerte, en prácticamente todas las entidades federativas de subpresupuestar los ingresos y por lo tanto el gasto también”, indicó.
Entre los motivos están las diferentes metodologías para el presupuesto de los estados, algunos sólo presupuestan los recursos de los ramos 28 y 33.
Es ir conservadoramente, para que en caso que caigan los ingresos previstos tengas un colchón para amortiguar, consideró Lamoyi.
Otro caso, el del estado de Jalisco detalla que para el ejercicio 2014 se aprobó un presupuesto de 83 mil 292 millones de pesos y el ejercido sumó 85 mil 857 millones de pesos. De 2012 a 2014, la diferencia entre lo aprobado y los ejercido en este estado sumó 16 mil 711 millones de pesos.
En 2014 Chiapas ejerció 19 mil 52 millones de pesos más que lo aprobado ese año. En 2013, 4 mil 663 millones de pesos y en 2012, 7 mil 942 millones de pesos más. La estimación de los ingresos depende del crecimiento de la economía, el empleo y el aparato de recaudación.
El gasto presupuestal en los estados es un compromiso, se tiene que ser conservador; generalmente los secretarios de finanzas y el secretario de Hacienda presupuestan por debajo de lo que esperan recaudar realmente.
“Si supuestas alto y el ingreso es menor, tienes que recortar el presupuesto. Por las razones que no te alcancen: petróleo, menos impuestos, economía estancada”, explicó David Colmenares, exjefe de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas.
El Financiero