El subsecretario de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Humberto Roque Villanueva, señaló que los jerarcas religiosos que se han pronunciado contra la iniciativa de reforma para legalizar los matrimonios igualitarios no violan la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.
La ley no se ha violado porque aún no se ha concretado la reforma, dijo Roque, y puntualizó: “Lo que están haciendo jerarcas católicos y de la denominación genérica evangélica es defender un punto para ellos de dogma y que no tiene, todavía, que ver con una reforma constitucional aprobada por el Congreso de la Unión”.
En entrevista con Radio Fórmula, el funcionario federal destacó que si la reforma ya estuviera consumada, entonces sí se estaría faltando a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.
Y sostuvo que la autoridad tiene que ser cuidadosa “de la aplicación de la ley para no ocasionar un mal mayor, sobre todo si esa interpretación resulta ser caprichosa”.
Roque Villanueva señaló que las movilizaciones convocadas para el 10 y 24 de septiembre tampoco son ilegales, siempre y cuando “cumplan con los requisitos, ya de otro tipo de ordenamientos, incluyendo los de la Ley de Asociaciones Religiosas”.
Si las movilizaciones se tornan violentas o se lanzan amenazas al gobierno local o federal, entonces sí se estaría violando la ley, agregó.
Ayer, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) convocó a los católicos a salir a las calles para protestar contra la iniciativa impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto para legalizar el matrimonio igualitario.
En un mensaje difundido en los medios y firmado por el cardenal José Francisco Robles Ortega, presidente de la CEM, se invita a los obispos a apoyar a la coalición denominada Frente Nacional por la Familia y asistir a dos movilizaciones (10 y 24 de septiembre) para expresar que el futuro de la humanidad se fragua en el matrimonio y la familia natural.
Las movilizaciones se realizarán el 10 de septiembre en todas las ciudades del país, y el 24 en la Ciudad de México, según el documento.
Proceso