El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, dijo el martes que promovería la acción de inconstitucional contra la ley que pone trabas al derecho humano de la réplica a pesar de que determina que toda persona puede aclarar información difundida en un medio de comunicación, siempre y cuando los datos o imágenes sean inexactos o falsos y cuya divulgación le cause al referido un agravio político, económico, en su honor, en su vida privada o en su imagen, informa El Economista.
La oposición requiere de por lo menos 33% de los integrantes de la Cámara Alta que respalden la controversia constitucional, pero hasta el momento 30 legisladores se han manifestado en público en contra de la ley. Aun si se unieran los 21 perredistas, ocho panistas que se manifestaron en contra, cinco senadores de la bancada del PT y la legisladora independiente Martha Tagle, faltarían firmas.
Mientras tanto, legisladores del PRD pronostican que la queja que Barbosa Huerta prevé interponer ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) tarde hasta cinco años en desahogarse.
El perredista Luis Sánchez consideró que la ley turnada al Ejecutivo Federal para su publicación viola el derecho humano de la réplica, pues favorece a los medios de comunicación y no a los ciudadanos e inventa “una especie de juicio ordinario civil que hará inaplicable el derecho”.
Por su parte, Dolores Padierna consideró que se trata de una legislación a modo, que privilegia a las televisoras.
Mientras que el PRI, PVEM y la mayoría del PAN avala el nuevo ordenamiento al considerar que especifica métodos ágiles de solución de controversias y complementa el derecho de las audiencias.
Pormenores de la ley de réplica
La ley de derecho de réplica precisa que toda persona tiene derecho a aclarar información difundida en los medios de comunicación, las agencias de noticias y los productores independientes, pero sólo cuando los datos o imágenes sean inexactos o falsos y cuya divulgación le cause agravio al referido.
Este derecho también lo podrán ejercer partidos políticos y los familiares hasta de segundo grado de alguna persona fallecida a la que cite el medio de comunicación.
Los sujetos obligados que no difundan la réplica serán sancionados con multas de 500 a 5,000 días de salario mínimo y con multa de 5,000 a 10,000 días si se niegan a cumplir la sentencia
Los senadores que están en contra de la ley deben juntar al menos 43 firmas para interponer una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN.
La oposición prevé un proceso largo ante la CIDH, en caso de que presenten una queja al argumentar que la ley viola el derecho humano de la réplica.
Fuente: El Economista