La justicia federal ordenó investigar el paradero de una persona desaparecida a manos del Ejército en Pénjamo, Guanajuato, en noviembre del 2015.
La búsqueda debe incluir a los cuarteles militares, según el amparo que el juez Noveno de Distrito en Guanajuato le dio a la esposa de la víctima de la desaparición forzada, Juan Flores Solorio.
El juez advirtió que la resolución se dará por cumplida hasta que se localice a Flores Solorio o se encuentren sus restos y se deslinden responsabilidades penales, en cumplimiento con el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a la desaparición forzada.
Flores Solorio fue sacado de su domicilio por una partida de militares la noche del 25 de noviembre del año pasado. Los soldados pertenecían a la Base de Operaciones en Pénjamo y estaban adscritos al Octavo Regimiento Blindado de Reconocimiento en Irapuato
Los militares ingresaron sin orden judicial o por flagrancia. Uno de ellos se brincó la barda trasera del domicilio y abrió el portón para que entrara el resto de los soldados, que se llevaron a la víctima en vehículos oficiales, según la relatoría referida por el Consejo de la Judicatura Federal.
Solorio fue llevado al día siguiente a la Dirección de Seguridad Pública municipal, acusado de maltrato o vejación a los militares, por lo que fue trasladado a los separos de la cárcel durante seis horas.
Las cámaras recogieron la imagen cuando Solorio ya en libertad caminaba por la calle Siglo XX, pero era seguido por tres hombres. Después llegó una camioneta militar con las luces apagadas. Desde entonces no se sabe nada de él.
En el desahogo judicial del caso, el Octavo Regimiento informó al juez que se trataba de un vehículo oficial del Ejército en el que iban un teniente del Arma Blindada, un cabo de transmisiones, un cabo mecánico automotriz, dos cabos del Arma Blindada y dos soldados de la misma.
El juez consideró que la ilegalidad de los militares empezó desde que se metieron a la casa de la víctima. Reprochó también su retención en los separos sin que un juez calificador determinara su responsabilidad y su posterior desaparición.
En el amparo concedido a la esposa de la víctima, Celia Mora Higuera, ordena también que Juan Flores Solorio sea inscrito en el Sistema de Información Nacional de Personas Extraviadas y Fallecidas y se inicie la reparación del daño ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Proceso