La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) demandaron al Congreso de la Unión que cumpla con su responsabilidad de regular la publicidad oficial, en seguimiento de la orden que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) giró a los legisladores en noviembre pasado, y que lo haga de manera plural y transparente.
A través de un documento con fecha de este martes, dirigido a los presidentes de las mesas directivas de las dos cámaras de representantes, Ernesto Cordero y Edgar Romo, los presidentes de los tres órganos autónomos llamaron a los congresistas a legislar el uso del dinero público destinado a la publicidad oficial antes de que venza el plazo previsto por la sentencia de la Corte, el último día de abril, cuando concluye el segundo periodo ordinario de la actual legislatura.
“Ante la proximidad del cumplimiento del plazo fijado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la emisión de la legislación en materia de publicidad oficial, los organismos autónomos firmantes, en el ámbito de nuestras respectivas atribuciones, hacemos un respetuoso llamado a esa Legislatura para que se inicie el proceso de construcción de dicha normativa y el mismo se realice de manera plural, incluyente e informada, abriendo los espacios de diálogo y discusión que sean necesarios para que las voces de todas las partes interesadas sean escuchadas”, se lee en la carta conjunta.
De no ser así, argumentaron los firmantes, el instrumento normativo no sería adecuado para regular la materia, fomentando la opacidad en el destino de los recursos públicos en materia de comunicación gubernamental.
Lo pertinente, aclararon, sería propiciar “mayor transparencia y rendición de cuentas, sin violentar derechos de terceros o inhibir la vigencia y ejercicio de los derechos humanos, en particular los relativos a la información y a la libertad de expresión”.
Finalmente, los presidentes de la CNDH, el INE y el INAI se comprometieron a acompañar las tareas del Congreso para formular dicha ley, misma que diputados y senadores se han negado a legislar hace más de 10 años.
Según cálculos de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, especialista en la materia, la administración de Enrique Peña Nieto podría concluir con un gasto de recursos públicos en publicidad cercano a los 60 mil millones de pesos, derrochado de manera desmedida y discrecional.
Fuente: Proceso
Source: Mexico