Los propios coordinadores parlamentarios de la LXII Legislatura que concluye el próximo 30 de agosto afirman que pasará a la historia como la que le entregó a México las reformas estructurales que necesita para su crecimiento. También fue la que dejó deudas históricas con la ciudadanía, principalmente en materia de transparencia en el uso de los recursos públicos, detalló Sin Embargo.
Especialistas en asuntos parlamentarios consultados por SinEmbargo coincidieron en que los integrantes de la Legislatura por concluir fueron selectivos en las reformas que aprobaron, privilegiaron los acuerdos políticos por encima del bienestar nacional, abrieron boquetes financieros inexplicables y en general, dejaron más sinsabores que éxitos en la percepción ciudadana.
“Los diputados federales, igual que los senadores, sí aprobaron reformas estructurales y constitucionales importantes. Por contraste, también tienen una clara deuda pública en materia de transparencia”, explicó María del Carmen Nava, directora de Visión Legislativa.
También quedará impregnada en las páginas de la historia, la negativa de la mayoría de los diputados salientes pertenecientes a los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM) a acompañar las investigaciones de casos paradigmáticos como la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero, la “casa blanca” de la esposa del Presidente Enrique Peña Nieto, y los contratos del Gobierno federal con Grupo Higa, entre otros escándalos gubernamentales.
El Congreso realizó una serie de comparecencias de secretarios de Estado para dar cuenta “del estado que guarda la Nación”, pero se realizaron principalmente en el marco de la glosa de los informes anuales de gobierno y no necesariamente para explicar los temas coyunturales.
Así quedó pendiente la comparecencia del Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, para explicar el impacto de la Reforma Fiscal o la comparecencia del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, por el caso de los normalistas.
“Hubo faltantes en la parte de control del ejercicio del Poder Ejecutivo”, sostuvo Guillermo Áviles, investigador del área de Transparencia y Rendición de Cuentas de Fundar, Centro de Análisis e Información.
“En ese sentido habría que avaluar si hubo suficientes comparecencias, por ejemplo de los secretarios de Estado, porque había coyunturas importantes en las que había que llamar al secretario de Hacienda, al de Educación, a la de Desarrollo Social, y conocer cuáles fueron los resultados de sus labores”, agregó. Si bien es cierto que hubo un incremento en el acceso a la información pública disponible a la ciudadanía, ésta resulta insuficiente para satisfacer el interés de la ciudadanía por conocer asuntos relevantes, como es el ejercicio del gasto público, el uso y destino de los recursos del presupuesto o los conflictos de interés de cada legislador.
A la par, la información disponible en los sitios electrónicos del Congreso resulta insuficiente para atender la demanda de información de organizaciones de la sociedad civil que en los últimos años también se ha incrementado su participación en tareas de vigilancia y evaluación del trabajo legislativo.
“Los diputados y senadores fueron selectivos en los cartuchos que querían utilizar y los que querían quemar”, explicó María del Carmen Nava, de Visión Legislativa. Pero más allá de la necesidad de entregar información útil y oportuna, el Congreso ha sido omiso en explicar algunos escándalos en los que estuvieron involucrados los legisladores salientes .
Está el caso del Diputado Luis Alberto Villarreal, del Partido Acción Nacional (PAN), quien en su papel de coordinador parlamentario fue acusado de instrumentar una red de cobro de cuotas a cambio de asignaciones presupuestales, los llamados “moches”, operados desde San Lázaro.
Aunque Villarreal ha negado sistemáticamente las acusaciones, ninguna autoridad interna o externa de la Cámara de Diputados ha informado si ha iniciado una investigación contra el Diputado federal o las conclusiones de las pesquisas.
En otro escándalo memorable, en febrero de 2013, el Diputado panista, Juan Pablo Adame, subió a su cuenta de Twitter (@JuanPabloAdame) la fotografía de un Mercedes Benz estacionado en la Cámara de Diputados cuya placa ha sido sustituida por una “charola” con la leyenda “Poder Legislativo Federal”.
El lujoso automóvil resultó ser propiedad del Diputado priista José Rangel Espinosa, legislador por el Estado de México y autodeclarado admirador del Presidente Enrique Peña Nieto.
“Soy representante de los priistas de mi distrito, de los priistas y simpatizantes que votaron por mí, incluyendo al ciudadano Enrique Peña Nieto porque él vota en el distrito que yo represento en Atlacomulco”, aseveró en alguna ocasión el Diputado priista, que fue bautizado por los medios como el “Dipucharolas”.
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