Integrantes de la Primera Comisión respaldaron un dictamen para que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de Gobernación a que fortalezca la implementación de programas y políticas públicas que tengan como fin prevenir la participación de menores en actividades de la delincuencia organizada.
Senadores y diputados informaron que cerca de 30 mil menores de edad están integrados a grupos de la delincuencia organizada y participan abiertamente en sus actividades.
Sin embargo, refirieron que Asociación Civil Cauce Ciudadano ha indicado que en 2013, alrededor de 24 mil menores se habían integrado al Cartel de Sinaloa, mientras que 17 mil más colaboraban con los Zetas, y otros 7 mil 500 se ubicaban en las filas de La Familia Michoacana.
En el dictamen se precisa que la mayoría son jóvenes entre 13, 14 y 15 años, que trabajan como vigilantes de casas de seguridad, sicarios, empaquetando droga, o bien, colaboran en el secuestro de personas
Asimismo, se destaca que diversas organizaciones civiles han informado que entre el 1 de diciembre de 2006 y el 31 de octubre de 2013, mil 873 adolescentes fueron asesinados, especialmente en estados como Guerrero y Chihuahua.
Ante este escenario, los legisladores consideraron fundamental evaluar las políticas que incidan en este tema, con el objetivo de hacer prevalecer el interés superior del menor y obligar a que la actuación de las instituciones, tribunales y autoridades encargadas de la aplicación del sistema penal para adolescentes beneficie el pleno desarrollo de la persona y sus capacidades.
Subrayaron que se debe realizar un cambio en la concepción de la justicia para adolescentes y buscar que la sanción para los infractores sea de alguna forma “educativa”, y bajo esa lógica, la prevención del delito debe seguir los mismos preceptos.
En este sentido, los integrantes de esta Comisión consideraron que la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación debe intensificar y fortalecer sus programas y políticas públicas, a fin de evitar la participación de los menores en la delincuencia organizada.