-Por Efrén Flores para Sin Embargo
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció la extinción de fideicomisos para enfrentar la crisis socioeconómica y de salud generada por el coronavirus. ¿Pero qué son y para qué sirven? La opacidad con la que operaron algunos justificó la decisión del Presidente, que por sí sola refleja la premura con la que opera su administración ante la crisis, dijo un economista a este medio digital.
El Gobierno de México utiliza fideicomisos y fondos de inversión similares –como los mandatos y los contratos análogos– para garantizar que el dinero del erario público sea utilizado en “áreas prioritarias y estratégicas del desarrollo” nacional (Artículo 9 LFPRH).
Se trata de mecanismos que permiten etiquetar y comprometer el gasto gubernamental, de modo que sea rastreable y cumpla con objetivos específicos como el impulso a la infraestructura pública, las pensiones de los trabajadores del Estado, la prevención y atención de los desastres naturales o la estabilización financiera, por mencionar algunos ejemplos.
Al cierre de 2019, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) registró la existencia de 308 fideicomisos públicos sin estructura orgánica, mandatos y análogos que están activos, además de 30 “en proceso de extinción, terminación o baja de clave de registro”.
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El pasado 2 de abril, el Presidente AMLO expidió un decreto de extinción de “fideicomisos públicos sin estructura orgánica, mandatos o análogos de carácter federal”, con la finalidad de obtener al menos 250 mil millones de pesos, o el equivalente al uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de México, para hacer frente a la emergencia que se vive en el país por la pandemia de COVID-19.
El decreto que ordena la extinción de los instrumentos financieros del Gobierno federal se da en un contexto en que “una de las observaciones recurrentes hacia los fideicomisos ha sido la falta de transparencia y rendición de cuentas”, por lo que, “derivado de lo anterior, se esperaría que la liberación y eventual uso de estos recursos se realicen con las mejores prácticas de eficiencia, transparencia y rendición de cuentas, en beneficio de todos los mexicanos”, refiere un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
De los 308 fideicomisos e instrumentos financieros activos, el Poder Ejecutivo podrá finiquitar un máximo de 235 que son responsabilidad de instancias federales y que en conjunto amasan 725 mil 259 millones 985 mil 125.95 pesos.
Sin embargo, el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación indica en sus artículos 3 y 4, que las unidades responsables de los fideicomisos e instrumentos financieros similares pueden exentar el reintegro de los recursos públicos federales a la Tesorería de la Federación, si justifican la necesidad de mantenerlos ante la SHCP.
Los 73 instrumentos financieros restantes, aunque cuentan con recursos federales por 13 mil 495 millones 674 mil 23.85 pesos, estarían exentos de la medida por tratarse de “actos jurídicos constituidos por las entidades federativas o por los particulares” que “se identifican en una subcuenta específica”, refiere la SHCP con base en el Artículo 10 de la LFPRH.
Además están los candados del Artículo 5 del decreto, que son analizados más adelante y que reducen la lista de fideicomisos y análogos federales extinguibles a menos de 175.
Como consecuencia de la extinción, algunas de las 136 unidades gubernamentales responsables de los fideicomisos e instrumentos públicos de inversión tendrán “a más tardar el día 15 de abril” de este año, para devolver “la totalidad de los recursos públicos federales” invertidos a la Tesorería de la Federación, se lee en el decreto expedido por el Presidente AMLO.
SinEmbargo solicitó a la SHCP más información con respecto a los fideicomisos y análogos y el proceso de terminación de los mismos. Pero al cierre de esta edición, no hubo respuesta positiva.
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Source: Mexico