La guerra contra el narcotráfico que actualmente se libra en México en un ejemplo de la batalla que en los próximos años podrían enfrentar países de otras regiones del mundo, como África, en donde la falta de oportunidades de desarrollo, la debilidad de las instituciones y la corrupción en todas las esferas obliga a los ciudadanos a formar parte de las filas del crimen organizado.
Expertos advirtieron que no hay un verdadero censo de los grupos criminales y de las actividades lucrativas a las que se dedican, y en parte es por la corrupción que hay en las policías. “Sin corrupción los carteles no pueden crecer y tomar tanto poder, alguien tiene conocimiento sobre hasta qué punto llega esto”.
Eso lo dicen, en entrevista con SinEmbargo, especialistas del International Crisis Group –una Organización No Gubernamental (ONG) y sin fines de lucro que busca ayudar en la prevención y solución de conflictos en más de 50 países–. Plantearon que en este momento ni el Gobierno mexicano conoce bien el mapa de la delincuencia organizada en el país, lo que representa un grave problema para poder implementar una estrategia contra los cárteles del narcotráfico y todos los delitos que administran.
“México representa probablemente el tipo de conflictos que el mundo va a tener mañana. Es un primer caso muy grande donde un Estado no logra controlar el orden público y donde hay grupos criminales que lo reemplazan o lo sustituyen parcialmente; ésta no llega a ser una guerra, un conflicto armado como el de Colombia, pero que produce una altísima cantidad de muertos. México es un poco la guerra de mañana para muchos países en África Occidental o de Asia Central”, expresó Javier Ciurlizza, director para América Latina y el Caribe de International Crisis Group.
A pesar de ello, consideró el experto, es muy poco lo que se conoce a nivel internacional sobre la crisis tanto humanitaria como de seguridad que enfrenta el país, pues generalmente se habla más del problema migrante que de otros elementos que afectan a sus ciudadanos.
“Hay cosas muy genéricas que no permiten a los externos conocer cuál es el verdadero problema, por eso nuestro rol es informar esas complejidades, es una violencia que no se puede reducir a una explicación”, planteó Ciurlizza.
Un ejemplo de que a nivel internacional no se ha dimensionado de manera apropiada la crisis mexicana, es el hecho de que salvo el tema de la migración, el resto de los problemas del país no figuran en la agenda internacional e, incluso, las reformas económicas promovidas por el Presidente Enrique Peña Nieto no fueron reconocidas en todo del mundo, destacó la directora para el programa México América Central, Mary Speck.
“Son muy pocas las agencias internacionales que se han dado cuenta del problema: la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Cruz Roja Internacional han visto lo que pasa en el norte de México y en Guerrero, pero cuando tú vas y le cuentas a un empresario que en México hay un problema humanitario, le cuesta trabajo creer que en un país que es miembro de la OCDE [Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos] pueda tener ese tipo de problemas, y su respuesta es que todos los países tiene problemas y delincuencia”, dijo Ciurlizza.
Por el momento, el investigador descartó la necesidad de una intervención internacional tipo Haití –durante una crisis de Estado–, ya que a pesar de los distintos frentes abiertos, las autoridades tienen la capacidad para solucionar los problemas, “pero muchas veces es falta de voluntad y trabas que vienen de tiempo atrás”.
NADIE SABE QUÉ PASA CON LOS CÁRTELES
Hasta septiembre del año pasado operaban en el país nueve cárteles, de acuerdo con información difundida por la Procuraduría General de la República (PGR) a través de una solicitud de transparencia.
Los cárteles identificados entonces por la PGR eran el del Pacífico, los Arellano Félix, La Familia Michoacana, los Carrillo Fuentes, los Beltrán Leyva, Los Zetas, el del Golfo, Los Caballeros Templarios y el Cártel Jalisco Nueva Generación. En el listado no se mencionaba aún a Los Cuinis, señalado el 2 de mayo pasado por la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) como el “más rico del mundo”
Pero ocho meses después, el panorama es diferente. Mary Speck consideró que en este momento “ni el gobierno –de México– sabe muy bien qué está pasando con los cárteles porque hay mucho fraccionamiento, estamos en un proceso de evolución muy rápido de los cárteles no saben muy bien lo que está pasando ni cómo enfrentarlo”.
Gran parte de esta desinformación, a juicio de Speck, está relacionada con los nexos que existen entre las policías y los narcotraficantes, misma que ha sido reconocida en distintos foros por el Gobierno mexicano. “Sin corrupción, los cárteles no pueden crecer y tomar tanto poder, alguien tiene conocimiento sobre hasta qué punto llega esto”.
Otro punto del problema, identificado por los integrantes del Crisis Group es que México se ha abierto a la supervisión internacional, pero todavía se resiste a ser examinado a fondo y a seguir las recomendaciones que se le dan en distintos foros.
El último incidente de este tipo se registro en marzo pasado cuando el Relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el abogado argentinoJuan E. Méndez, afirmó que la tortura en México era una práctica generalizada lo cual fue descalificado inmediatamente por la diplomacia mexicana.
Ciurlizza enumeró también como un problema el que el Gobierno federal no tenga con quién negociar para frenar la violencia: “En México eso es imposible, el Estado Mexicano no podría negociar con los carteles porque buscan controlar la política no negociar con la política”.
La desaparición de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, el 26 de septiembre del 201 en Iguala, Guerrero, muestra que existe una relación evidente entre la debilidad del Estado y el florecimiento de la violencia y en este caso, dijo Ciurlizza, hubo una concentración de colusión de las autoridades con grupos criminales, en estado débil y la desconfianza de la ciudadanía.
EL ESTADO SE JUEGA SU CREDIBILIDAD
Sin dudarlo, tanto Ciurlizza como Speck afirmaron que no existirá militarización ni operativo contra la delincuencia que dé resultad si la ciudadanía no confía en las instituciones. Un punto esencial para lograrlo es el combate a la corrupción.
Y una frase de Ciurlizza define el por qué: “En México piensan que cuando un político está anunciando algo es porque no lo va a cumplir y eso hace que las políticas de seguridad sean muy difíciles de cumplir”.
A este elemento se agrega otro que ha despertado la indignación de la ciudadanía: la corrupción.
Desde noviembre del año pasado, la prensa extranjera y mexicana ha documentado casos de conflicto de interés entre la Primera Dama Angélica Rivera Hurtado, funcionarios del gabinete e incluso del Presidente Peña Nieto, quienes bajo condiciones preferenciales habrían comprado propiedades a contratistas favorecidos con obra pública.
Un paso positivo, reconoció la responsable del programa en México, es que el gobierno ha reconocido que existe el problema y que se trata de algo “cultural” y estructural, el problema es que hasta ahora no se ha visto una acción decidida en casos de alto impacto.
“La corrupción es un problema muy grave que afecta tanto a los gobiernos locales como federal; tiene que haber investigaciones y procesos de alto impacto y es lo que no hemos visto”, expresó.
En este tema, consideró, el Gobierno federal necesita tomar medidas extremas, utilizando los instrumentos judiciales, para castigar a altos funcionarios y no sólo a políticos de bajo o mediano rango involucrados en corrupción.
Ciurlizza consideró que México tiene la posibilidad de hacer un plan de choque en algunos lugares, como lo mostró Ciudad Juárez, Chihuahua, que de ser la zona más peligrosa del país, gracias a programas ciudadanos logró un cambio positivo, pero en otras zonas, como Guerrero, la situación es compleja porque la entidad ha vivido una larga historia de marginación de las decisiones del Estado y un sistema político que ha hecho palpable la corrupción.
“Si no tienes un plan de choque que incluya el juzgamiento de políticos de alto nivel que estén ligados a la corrupción, todo lo demás son aspirinas”, dijo.
Citó los ejemplos de Brasil, Colombia y Guatemala, donde tras descubrirse casos de corrupción han tenido que ir a la cárcel docenas de altos funcionarios, muchos de ellos, incluso, cercanos al grupo presidencial.
SinEmbargo