Según datos del Colectivo Unido por una Política Integral hacia las Drogas (Cupihd) en un periodo de tres años, la Secretaría de Seguridad Pública capitalina remitió 26 mil 233 expedientes y presentó ante el Ministerio Público a 28 mil 463 personas por delitos contra la salud.
La mayoría de las detenciones fueron realizadas en flagrancia, lo que implica que no fueron producto de investigación alguna, es decir, se persigue al consumidor.
La Encuesta a Población en Reclusión del Sistema Penitenciario Federal realizada en ocho Centros Federales de Readaptación Social respalda las conclusiones del Cupidh. Se trata de una población que va de los 31 a los 40 años, sentenciada principalmente por transporte y posesión. Cerca del 60% de las sentencias por delitos contra la salud están relacionadas con la marihuana.
La marihuana no sólo es la droga más consumida en el mundo según la Organización de las Naciones Unidas, con entre 119 y 224 millones de usuarios, sino que también es la droga más usada en México (80%).
Una iniciativa insuficiente
Con la reciente iniciativa de Enrique Peña Nieto para reformar la Ley General de Salud y al Código Penal Federal para aumentar la dosis de posesión permitida de 5 a 28 gramos, saldrían libres entre dos mil y dos mil 500 internos de penales tanto federales como estatales y municipales, siempre y cuando hayan sido acusados de “posesión simple” de cantidades que vayan de los 5.1 a los 28 gramos.
Pero la cifra de presos por posesión contrasta drásticamente con la de los líderes de cárteles y funcionarios con vínculos con el narcotráfico procesados (o al menos aprehendidos), lo cual contradice muy claramente a quienes aún aseguran que en México no se criminaliza el consumo.
Y es que hay una profunda contradicción en la legislación mexicana, al no estar penalizado su consumo, pero sí su transporte, siembra, compra o venta. Los cinco gramos portables permitidos no corresponden con la demanda del consumo individual, exponiendo así al usuario una y otra vez al muy real riesgo de ser aprehendido y a purgar penas que van de los 9 meses a los 3 años en prisión.
Según datos del Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), cuatro de cada diez presos por drogas son encarcelados por portar menos de 500 pesos en sustancias ilegales. Así, al igual que en la supuesta “guerra contra el narcotráfico”, en donde fue la clase trabajadora y desposeída quien puso los muertos, ahora son los consumidores pobres los que llenan las cárceles.
Mientras el Cupidh ha denunciado que 2 de cada 3 consumidores de drogas han sido extorsionados y detenidos por la policía, investigadores de la UNAM señalan que los consumidores no sólo están expuestos al estigma y a la exclusión social, sino que también sus derechos básicos, como el acceso a la salud y a la no discriminación se ven limitados.
La iniciativa presentada por EPN es a todas luces insuficiente, pues deja sin resolver el problema del “origen” de la marihuana (siembra, cultivo y fabricación de derivados del cannabis). A pesar de que su proyecto habla de asegurar el acceso a sustancias controladas con fines de investigación médica y científica, no propone ningún cambio en lo relacionado con su uso.
Legalización YA
La fórmula 5 Anticapitalistas a la Constituyente, propone la legalización de la marihuana para su producción, distribución y consumo bajo control estatal, acompañado de un programa de educación y de atención integrales.
En esta marcha convocada en todo el globo exijamos también la libertad de los presos por ejercer el autocultivo, cese a la criminalización de los consumidores y la juventud y por el uso medicinal, industrial y de investigación del cannabis y sus derivados.
La Izquierda Diario