La periodista mexicana Carmen Aristegui pidió hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que dé prioridad a su demanda contra el Gobierno mexicano para que pueda debatirse su caso “como botón de muestra” de los mecanismos de censura directa e indirecta en la región.
“Pedimos que apliquen el ‘per saltum’ para darle más celeridad, entendemos que hay una gran lista de casos esperando, pero la Comisión tiene este mecanismo, dada la relevancia del tema en cuestión sobre la libertad de expresión y el acceso a la Justicia para los periodistas”, dijo hoy Aristegui en una entrevista con Efe en la sede de la CIDH.
La periodista entregó hoy a los comisionados la “Declaración de Medellín”, un documento en el que 101 periodistas de Latinoamérica y Europa respaldan su demanda contra el Gobierno mexicano.
“Pedimos que se atienda como una demanda contra el Estado mexicano por denegación de justicia en un caso de censura”, afirmó Aristegui.
“Queremos que sirva para discutir no solo este caso, sino como botón de muestra de un problema sistémico presente en buena parte de la región y que tiene que ver con los mecanismos de censura directa o indirecta, o que inducen a la autocensura”, explicó.
“(Estos mecanismos) son producto de diseños institucionales entre los regímenes concesionarios y el propio sistema de justicia que en nuestro caso particular se retratan de manera completa”, agregó.
La periodista presentó el pasado otoño una demanda en la CIDH contra al Estado mexicano por “obstrucción a la Justicia” en el litigio que mantiene con el grupo MVS por su despido en marzo de 2015.
MVS terminó la relación laboral con Aristegui el 15 de marzo del año pasado, después de que la periodista sacara a la luz a finales de 2014 que la primera dama de México, Angélica Rivera, había encargado a un contratista del Gobierno la construcción de una lujosa mansión en la capital mexicana.
La periodista considera necesaria la visita de relatores de libertad de expresión a México para que “constaten ‘in situ’ los mecanismos para restringir el acceso a la información y dificultar la libertad de expresión”.
“Mecanismos como el mío, en los que concesionarios de radio y televisión bajo presión o en colusión del régimen político pueden actuar contra los periodistas y, por tanto, deberían ser tratados como autoridades en procedimientos judiciales como el que promovimos y que quedó aniquilado en una artimaña judicial”, sostuvo.
“Pedimos un juicio de amparo por censura, fue admitido, luego suspendido definitivamente (…) se activaron las alarmas del sistema político y de la propia industria de radiodifusión que claramente pusieron de manifiesto que no querían que ese juicio prosperara”, explicó.
“No querían porque ese juicio involucraba la discusión clave de cuáles son las herramientas legales que tiene un periodista contra la censura en un medio (…). Existe el camino en la ley pero a la hora de aplicarlo queda claro que la autonomía judicial no existe a plenitud en México”, concluyó.
En este contexto, Aristegui celebró la noticia de que los relatores especiales para la libertad de expresión de la CIDH (Edison Lanza) y Naciones Unidas (David Kaye) hayan pedido a México poder visitar el país este año ante el incremento de la violencia contra los periodistas.
Ese anuncio lo hizo hoy Lanza en una audiencia pública sobre las restricciones indirectas a la libertad de expresión en México, ante representantes del Gobierno y de organizaciones de la sociedad civil.
En ese acto, Aristegui participó para denunciar las dificultades que tienen los comunicadores en México para ejercer un periodismo libre e independiente.
EFE