Ciudad de México. Las posturas, propuestas e incluso reclamos de personas con discapacidad que participaron en la primera jornada de audiencias públicas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya tuvieron sus primeros efectos: la ministra Lenia Batres Guadarrama anunció que modificará su proyecto —motivo del debate— sobre el nuevo criterio que ese tribunal adoptará al analizar leyes impugnadas por falta de consulta a ese sector.
El cambio que se perfila en el proyecto responde a la preocupación expresada un día antes por varios de los más de 30 participantes, quienes advirtieron que la propuesta de establecer que las comisiones de derechos humanos y otros actores legitimados solo puedan promover acciones o controversias “a solicitud de las personas con discapacidad”, con al menos 15 firmas, trasladaría a los propios afectados la carga de vigilar todas las leyes que emitan los congresos.
«Nos hicieron ver algo que creo que nosotros no habíamos considerado. Se nos está indicando que esto podría generar o verse como una carga adicional para las personas con discapacidad, que ahora tendrían que estudiar cada una de las leyes, estar pensando en ellas o vigilando para poder proceder en contra de cualquier ley que no haya sido consultada con las propias personas con discapacidad. Lo menciono porque lo tenemos registrado y, por supuesto, vamos a intentar atender esta preocupación”, dijo Batres Guadarrama.
Con un tono más empático que el del día anterior, en el segundo y penúltimo día de audiencias, la ministra Batres se dirigió a otra treintena de personas con discapacidad. Al presentarse, incluso atendió la solicitud de participantes con discapacidad visual y se autodescribió como una mujer “de estatura mediana, pelo chino, casi siempre recogido, y que suele usar con mucho orgullo huipiles mexicanos”.
Después, la abogada expuso el tema central de la audiencia: la acción de inconstitucionalidad 182/2025, promovida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán, que originó el debate sobre la posible modificación del criterio que la Corte ha sostenido durante la última década, mediante el cual ha invalidado automáticamente cerca de 50 normas generales por falta de consulta previa a los sectores sociales afectados.
También aprovechó para descartar un conflicto con sus compañeros ministros, luego de que un día antes Giovanni Figueroa Mejía respondiera que la afirmación de Batres —de que la Corte ya abandonó el criterio de invalidez automática de normas por falta de consulta— era únicamente su opinión, ya que el asunto aún está en discusión.
Antes de dar la palabra a los participantes, el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, hizo puntualizaciones: “Primero, no está en duda que ustedes tienen derecho a la consulta. No está en duda. Segundo, que hay una obligación de consultarlas, tampoco está en duda. Tercero, que es ahí donde la ministra ha ampliado: cuando hay una norma que les beneficia a ustedes, que está en el más alto estándar internacional, ¿en automático se debe invalidar por falta de consulta? Esa es la interrogante que nos genera: si ya sustantivamente es buena, está en el máximo estándar, ¿aun así la anulamos o qué procedería en esos casos?”.
Aguilar Ortiz añadió: “Y cuarto, ¿las comisiones nacional y estatales pueden tomar la decisión sin siquiera platicar con ustedes? Esa es la otra interrogante”.
En el segundo día de audiencias, que duró alrededor de tres horas y media, prevalecieron posturas en contra del proyecto de Batres, pero por primera vez también hubo expresiones a favor de modificar el viejo criterio de la Corte.
“También como parte de la organización civil, respaldamos el nuevo criterio de la Suprema Corte que propone analizar la validez de las leyes sobre discapacidad caso por caso, en lugar de anular automáticamente por falta de consulta previa, partiendo de que los derechos reconocidos por la Constitución y por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad no requieren ser consultados. Esto no es un retroceso, sino un avance fundamental hacia una inclusión más real”, dijo Juan Jesús Martínez González, de Latido Colibrí, A.C.
Pero también hubo posturas enérgicas que afirmaron que todos los legisladores deben estar obligados a consultar a las personas con discapacidad antes de emitir una ley que impacte en su vida.
“Está claro que nos tienen que preguntar en las consultas previas desde el principio. Aunque sea perfecta la ley, nos tienen que preguntar. No importa que esté al 100 por ciento, la podemos mejorar al 300 por ciento nosotros”, dijo Sandra Padilla Zaldo.
Adriana Gutiérrez, de la asociación Viendotentiendo, criticó de manera enérgica la propuesta de Batres —que podría modificarse— sobre validar el requisito de que solo a solicitud de un mínimo de 15 personas con discapacidad las comisiones de derechos humanos puedan impugnar una ley ante la Corte.
“Minimizar el derecho a la consulta como una cuestión adjetiva trae consigo diversos problemas, como una falta de visibilidad real, la reproducción de barreras estructurales, la pérdida de legitimidad democrática por ser una Corte que reduzca nuestra participación, y una regresión en materia de garantía y protección de derechos. Por eso quiero recordarles a las ministras y ministros que no somos objeto de ayuda, somos sujetos de derechos; la consulta a las personas con discapacidad no puede minimizarse a un trámite burocrático más”, dijo.
Source: Mexico
