La calificadora de crédito Moody’s Rating consideró que la nueva legislación energética que entró en vigor el pasado miércoles dándole prevalencia a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) contiene un marco regulatorio “discrecional” que pondrá en riesgo las inversiones que el país necesita en el sector.
En un análisis a inversionistas, Moody’s aseguró que si bien existe mayor claridad en lo que se refiere a la participación privada, el mercado se cierra en el nuevo modelo cuya legislación secundaria que cimienta el cambio constitucional fue publicado en el Diario Oficial de la Federación después de la promulgación de la presidenta Claudia Sheinbaum.
“El nuevo marco legal ofrece una mayor claridad para la participación del sector privado a través de diferentes modelos, pero en un mercado menos abierto”, destacala calificadora, “los nuevos esquemas de inversión les permitirán a las compañías privadas suministrar energía, asociarse con la CFE o seguir participando en el mercado eléctrico mayorista, lo que permitirá que el sector se desarrolle conjuntamente con la CFE, pero bajo considerable supervisión y control estatal”.
Es por ello que la firma que hoy mantiene las notas para obtención de créditos tanto de Pemex, como de la CFE asegura que existe un potencial riesgo para el Estado mexicano que soporta financieramente a estas empresas, ya que no cuentan con recursos suficientes y para el crecimiento de las necesidades energéticas del país se requiere de participación privada, que no cuenta ya con garantías legales robustas para sus inversiones.
“Un marco regulatorio discrecional y un debilitamiento del Estado de Derecho en México plantean los principales problemas para la nueva estrategia energética, lo que suma riesgos para la confianza empresarial y el apetito de inversión”, publicó Moody’s.
Según la calificadora, el gobierno federal centraliza considerablemente el desarrollo del sector eléctrico en el marco legal reformado. El debilitamiento del Estado de derecho de México y su marco regulatorio centralizado podrían desalentar el desarrollo de infraestructura y la inversión privada en el sector eléctrico del país, lo que perjudicaría la confianza empresarial y el apetito de inversión en nuevos esquemas, aseguró en su análisis.
Y es que “el Gobierno de México necesitará más inversiones privadas y en energía limpia para alcanzar sus ambiciosos objetivos de transición energética”, reiteró, “la CFE y las compañías privadas abordarían juntas los planes de expansión después de varios años de baja actividad, un reflejo de la volatilidad regulatoria y la interferencia política. Sin embargo, la volatilidad de los precios del gas natural y el riesgo de una nueva depreciación de la moneda aumentan aún más los riesgos de la CFE en el desarrollo de nueva capacidad de generación”.
Apenas en noviembre pasado, Moody’s cambió de estable a negativa la perspectiva crediticia de México, y aunque ratificó nota soberana en Baa2, expuso que incertidumbre por aspectos como la reforma al poder judicial y el déficit fiscal impulsaron a esta baja.
Las reformas constitucionales como la que impactó al sector energético en los Artículos 25, 27 y 28 y la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, fueron otros factores considerados por la petrolera.
Source: Mexico