En una década la guerra contra el crimen organizado ha dejado como saldo la integración de 172 mil 876 averiguaciones previas por homicidios dolosos, 27 mil 887 personas desaparecidas y 35 mil 433 desplazados, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
En un reportaje de Excélsior y de acuerdo con esa dependencia, las carpetas de investigación por asesinatos —las cuales pueden incluir más de un homicidio— detallan que en 93 mil 839 casos se utilizó un arma de fuego; en 21 mil 673, un objeto punzocortante.
En 48 mil 317 casos las personas fueron calcinadas, ahorcadas, descuartizadas, degolladas, disueltas en ácido, ahogadas, o se usó algún otro objeto para privarlas de la vida. En nueve mil 47 expedientes, el Ministerio Público desconoce cómo se cometió el homicidio.
A 10 años de la batalla, los cárteles siguen operando, e incluso han incursionado en secuestros, extorsiones, robo de combustible, trata de personas y lavado de dinero, entre otros delitos.
La guerra contra el crimen organizado, que el 11 de diciembre de 2006 inició el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, ha dejado a su paso 172 mil 876 averiguaciones previas por homicidios dolosos, 27 mil 887 personas desaparecidas y 35 mil 433 desplazados, según registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas reportó que de 2007 a 2015 había 27 mil 659 desaparecidos.
De acuerdo con la SESNSP, las carpetas de investigación por asesinatos, las cuales pueden incluir más de un homicidio, detallan que en 93 mil 839 casos se utilizó un arma de fuego; en 21 mil 673, un objeto punzocortante; en 48 mil 317 las personas fueron calcinadas, ahorcadas, descuartizadas, degolladas, disueltas en ácido, ahogadas, o se usó algún objeto para privarlas de la vida. Mientras que en nueve mil 47 expedientes, el Ministerio Público desconoce cómo se cometió el homicidio.
Además de los homicidios, también se han cometido 11 mil 628 secuestros y 55 mil 648 extorsiones.
Las casi 173 mil averiguaciones por homicidios dolosos fueron abiertas entre enero de 2006 y noviembre pasado.
El punto más crítico en el combate se presentó en 2011, cuando se abrieron 13 mil 27 carpetas de investigación por homicidios cometidos con arma de fuego. Cinco años después, hay un nuevo repunte.
Entre el 1 enero y el pasado 31 de octubre, las procuradurías y fiscalías de las 32 entidades federativas han abierto 10 mil 428 averiguaciones por homicidios dolosos con arma de fuego, la cifra más alta del sexenio.
A 10 años de la batalla, los cárteles siguen operando, incluso, diversificaron sus delitos a través de los secuestros, extorsiones, robo de combustible, trata de personas, lavado de dinero o la explotación de recursos naturales.
En la última década la violencia ha sido constante a través de los homicidios, como el de 72 migrantes en Tamaulipas o el incendio del Casino Royale, donde perdieron la vida 52 personas. También se encuentra el hallazgo de más de 300 cuerpos en fosas en Durango, la ejecución de 24 hombres en La Marquesa, Estado de México, o la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, Guerrero.
Entre enero de 2007 y octubre pasado, según informes de la Secretaría de Gobernación (Segob), se abrieron 93 mil 839 averiguaciones previas por homicidios con arma de fuego.
Otros de los daños causados son las personas desplazadas y desaparecidas. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indican que 35 mil 433 personas abandonaron sus hogares por la violencia e inseguridad. Además, hasta el 31 de diciembre de 2015, la Segob, reconoce la desaparición de 27 mil 887 personas.
La guerra contra el crimen organizado dio inicio a los operativos conjuntos para combatir a los cárteles y el tráfico de drogas. A 10 años, hay más organizaciones criminales.
“Han sido más de 10 años, porque el primer operativo en zonas urbanas con militares comenzó el 11 de junio de 2005 con Vicente Fox. A partir de ese momento tres presidentes se han recargado en las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado, sin que hayan diseñado una estrategia. Los costos son muchos, el principal la pérdida de vidas, así como el deterioro institucional”, explica Javier Oliva, especialista en seguridad nacional y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
“La guerra ha dejado beneficios para la seguridad privada, pero los costos son muy altos para el país. Es evidente que todavía hay falta de coordinación en las instituciones de seguridad, lo que ha originado desgaste de las Fuerzas Armadas en el combate contra el crimen organizado. Seguimos teniendo instituciones de seguridad colapsadas, sin profesionalización, además de que se mantiene la violencia que dejó el expresidente Calderón”, menciona Gerardo Rodríguez, coordinador académico del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP).
Hay un impacto social y la pérdida de vidas. Hay desplazamiento de personas, desintegración del tejido social, además de un impacto sicológico. Los jóvenes son las principales víctimas; ahora son victimarios. Tenemos una erosión en la legitimidad de las Fuerzas Armadas y un impacto a través de la corrupción”, indicó Armando Rodríguez Luna, investigador del Colectivo de Análisis para la Seguridad con Democracia (Casede).
EL INICIO
El 1 de diciembre de 2006 el mensaje del expresidente Felipe Calderón en el Auditorio Nacional fue claro.
Sé que restablecer la seguridad no va a ser fácil, ni rápido, que tomará tiempo, que costará mucho dinero e incluso, y por desgracia vidas humanas. Pero ténganlo por seguro, ésta es una batalla en la que voy a estar al frente, es una batalla que tenemos que librar y que unidos los mexicanos vamos a ganar”, explicó al dar su primer mensaje como titular del Ejecutivo el 1 de diciembre de 2006 en el Auditorio Nacional.
Diez días después, el inicio de la Operación Conjunta Michoacán, en la que fueron desplegados más de cinco mil soldados y elementos de la extinta Policía Federal Preventiva (PFP) para el combate al narcotráfico, marcó el comienzo de la guerra.
Los cárteles de Tijuana, Juárez, Sinaloa, Golfo y La Familia eran los principales objetivos del gobierno federal. Una década después, estos grupos continúan operando, e incluso, algunos de ellos se escindieron para dar a origen a 37 células o pandillas agrupadas en nueve organizaciones.
Según un reporte de la Procuraduría General de la República (PGR), fechado el pasado 27 de noviembre, los cárteles del Pacífico (Sinaloa); Arellano Félix; La Familia Michoacana; Carrillo Fuentes (Juárez); Beltrán Leyva; Los Zetas; Golfo; Los Caballeros Templarios y Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) realizan operaciones ilícitas en el país.
Además de ellos, también existen agrupaciones dedicadas al secuestro, a la extorsión, trata o al robo de combustible y recursos naturales.
En el combate, el gobierno federal ha llevado diferentes operativos coordinados en los estados de Veracruz, Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Guerrero, Sinaloa, Michoacán y Baja California.
Durante el despliegue de elementos han sido detenidos o muertos más de 130 personas identificadas por el gobierno federal como líderes o lugartenientes de los cárteles. Durante el mandato de Calderón fueron asegurados 37. En la presente administración, suman 105.
Entre ellos se encuentran Heriberto Lazcano; Jorge Eduardo Costilla; Jesús Enrique Aguilar, Nazario Moreno; Ezequiel Cárdenas; Sergio Villarreal; Edgar Valdez; Arturo, Alfredo, Héctor y Carlos Beltrán Leyva, Vicente Zambada; Eduardo Arellano; Jesús Méndez Vargas; Joaquín Archivaldo Guzmán; Servando Gómez, Jaime González Durán y Vicente Carrillo.
A pesar de las capturas, las organizaciones siguen operando en el país, e incluso, algunas de ellas extendieron sus operaciones a Europa, Sudamérica, Asia y África.
“Creo que no ha servido de nada la guerra. Si buscaban combatir a los grupos para debilitar su capacidad operativa o económica, no ha servido. El inicio del combate no tomó, como punto de partida, información de inteligencia. Un error fue focalizar el combate, lo que llevó a los homicidios. Estos años se diversificaron los cárteles al surgir células, además de sus actividades”, explica el investigador Armando Rodríguez Luna.
“No saben lo que quieren —autoridades—. No saben cuál es el objetivo específico. No saben si bajar la violencia, abatir consumo de drogas o la producción, ir tras el lavado de dinero. Mientras no tengan clara la finalidad no tienes un método o estrategia que seguir”, señala Javier Oliva.
“Ningún cártel ha sido desmantelado, todavía hay células operando. No es un tema de capos, eso ayuda, el problema es que no hay coordinación o una estrategia para reducir la violencia, de delitos conexos como es la extorsión, el secuestro o robo. Ahora, también tenemos robo de identidad o delitos cibernéticos”, refiere Gerardo Rodríguez.
EL VECINO DEL NORTE
Especialistas en temas de seguridad nacional consideran que Estados Unidos tiene una responsabilidad en el combate contra el crimen organizado que inició México.
Los académicos de la UNAM y UDLA mencionaron que la Unión Americana es uno de los principales mercados de consumo del mundo, así como productores de armas, por lo que el crimen organizado se ha beneficiado de ellos.
“Creo que hay una responsabilidad por parte de Estados Unidos, en la permisibilidad que existe para la adquisición de armas de alto poder. Además, el gobierno de Estados Unidos ha presionado al gobierno mexicano para el cuidado de la frontera sur para evitar el paso de migrantes, pero los recursos de la Iniciativa Mérida son menores que los que se requieren para el equipamiento y el uso de tecnología. Eso ha descuidado el ataque contra el trasiego”, detalla Gerardo Rodríguez.
“No ha apoyado -Estados Unidos- al control de tráfico de armas, es el primer y gran faltante, y el otro problema que es que ni hay confianza para el intercambio de información, por lo que tenemos resultados muy disparejos. Hay mucha desconfianza hacia las autoridades mexicanas”, refiere por su parte el especialista en seguridad Javier Oliva.
“Estados Unidos juega un papel clave al ser el principal mercado de droga que se trafica desde México. La demanda es muy alta. Hay un mercado cambiante que impulsa e incentiva a la delincuencia organizada. Otro papel relevante es el combate. Quizás no es tanto a través del financiamiento, como es Iniciativa Mérida, sino a través de la generación de inteligencia”, señala Armando Rodríguez.