México está sumido en una “profunda crisis de derechos humanos” y casos como Tlatlaya y Ayotzinapa, no estarán claros sin la voluntad y una investigación realmente seria por parte del Gobierno federal al Ejército mexicano y a los miembros de la milicia señalados por participar en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW).
Vivanco consideró que a un año de la masacre de Tlatlaya, en el Estado de México, el pendiente más importante es la justicia y resultados concretos sobre la posible ejecución extrajudicial de 22 personas que, de acuerdo con el último informe del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), surgió de una orden al Teniente de Infantería Ezequiel Rodríguez Martínez, quien el 30 de junio del año pasado mandó “abatir delincuentes en horas de oscuridad”.
“El caso Tlatlaya es un gravísimo ejemplo de un problema mayor, y lamentablemente no se trata solamente de denuncias de ejecuciones, pues según expertos internacionales las fuerzas de seguridad mexicanas están implicadas también en desapariciones y en casos de tortura. Esta crisis se manifiesta, a su vez, en una preocupante desconfianza en las instituciones judiciales, que no han logrado combatir la impunidad que rodea a estos graves abusos”, expuso en una entrevista con SinEmbargo.
El activista internacional en la defensa de los derechos humanos recordó que aunque hay evidencia de la ejecución de 12 personas, algunos soldados sólo fueron acusados por la muerte de ocho.
“Además, los abusos que sufrieron las tres mujeres que presenciaron los hechos en manos de autoridades del Ministerio Público estatal, para que no contaran lo que vieron también siguen impunes. En el mismo sentido, aunque la CNDH [Comisión Nacional de los Derechos Humanos] sostuvo que hubo encubrimiento por parte de la Sedena [Secretaría de la Defensa Nacional] esa línea de investigación sigue sin llegar a resultados concretos que se hayan hecho públicos”, argumentó.
José Miguel Vivanco dijo que el Gobierno federal y el propio Ejército deben demostrar un “genuino interés” por resolver los casos Tlatlaya y Ayotzinapa, los cuales consideró emblemáticos.
El lunes, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), coadyuvante en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos (Ayotzinapa) reveló durante su cuarto informe de actividades, que luego de tres meses de espera, el gobierno federal mantiene el vilo la petición de entrevistarse con integrantes del 27 Batallón de Infantería, con destacamento en Iguala, Guerrero, lugar donde se vio a los jóvenes por última vez.
Ángela Buitrago, experta del GIEI, dijo que el domingo pasado el Estado les informó que “aún analizaban la solicitud”.
“El GEI ve con preocupación esta demora, porque limita los esfuerzos por avanzar en la investigación de los hechos y en la búsqueda”, afirmó.
Vidulfo Rosales Sierra, activista del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y abogado del caso, consideró que la renuencia del gobierno a permitir las entrevistas, sólo genera más sospechas sobre su implicación en la desaparición de los estudiantes.
El abogado indicó que el gobierno pretende “presentar al Ejército como una institución inmaculada, salvadora de la patria y que jamás ha cometido actos violatorios de los derechos humanos”.
“Pero vemos el caso Tlatlaya y la guerra sucia que ilustran otra circunstancia muy distinta. Entre mayor sea la negativa de gobierno de que los padres de los estudiantes revisen los cuarteles y para que los expertos se entrevisten con los militantes, en medio de esta opacidad, arrogancia y autoritarismo, se acrecientan las sospechas de que participaron en la desaparición el 26 de septiembre”, dijo.
TLATLAYA: UNA RED DE ENCUBRIMIENTOS
tlatlaya_promo
El director de Human Rights Watch opinó que la mejor manera de disipar cualquier duda o especulación sobre el Ejército, es investigar la magnitud de su participación en los casos Ayotzinapa y Tlatlaya.
“Evidentemente, la falta de colaboración de las fuerzas implicadas en estos delitos, tanto con los ministerios públicos como con expertos internacionales que investigan el caso, es un problema serio. Preferiría no especular sobre las supuestas intenciones de las autoridades con relación al Ejército, pero no cabe duda que investigar cabalmente su posible participación en delitos es la mejor manera de disipar cualquier duda o especulación”, dijo.
En enero de este año varios expertos consultados por SinEmbargo coincidieron en que en el caso Tlatlaya existía una clara red de complicidades para proteger al Ejército.
Tlatlaya y Ayotzinapa tienen en común el hecho de un esfuerzo acérrimo por proteger a las fuerzas castrenses, dijeron.
“Yo creo que hay una red de encubrimiento que no es de ahora, el sistema de justicia penal, donde muy poca gente puede saber qué hay en el expediente, esa opacidad que bajo lo que estaba construido el sistema, permitía el uso político de la justicia, ahora se espera que cambie con el nuevo sistema. En el caso de Tlatlaya se intervino para encubrir al Ejército, para presentar a las personas ejecutadas como muertos en un enfrentamiento, cuando no era cierto”, dijo Edgar Cortez Morales, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.
Erubiel Tirado Cervantes, miembro del Seminario de Investigación y Educación en Estudios de Defensa y Seguridad y especialista en Relaciones Civiles Militares de la Universidad Iberoamericana (UIA), dijo que “hay una consigna de proteger la responsabilidad institucional del Ejército”, cuando se trata de violaciones graves a los derechos humanos, que llevan a un “esquema de impunidad”.
“Hay un manto de protección para el Ejército, y, si hay otros miembros y oficiales que participaron y no se les procesa, juzga y condena, nos dará un problema de impunidad. No basta con los militares que tienen ahorita, pero es el mismo esquema que se observa en el caso Ayotzinapa: hay una intención de cerrar el caso, borrar a los jóvenes de la faz de la tierra y decir que desaparecieron en un basurero y sólo se pudo identificar a uno de ellos”, indicó.
El Gobierno del Estado México ha sido duramente cuestionado por organismos internacionales debido al caso Tlatlaya. En un principio se trataron de negar los hechos, y el Gobernador priista Eruviel Ávila Villegas defendió la actuación del Ejército, aunque informes ya hablaban que se trataba de ejecuciones sumarias.
“Podemos ver que el Ejército mexicano actúa con firmeza con acciones concretas y el gobierno del Estado de México le reconoce su participación y le agradece la acción decidida y contundente del día de ayer”, dijo el mandatario priista el 1 de julio del año pasado.
Tres meses después, José Miguel Vivanco advirtió en entrevista con este medio, que el Gobernador Eruviel Ávila, debería ser el primero en exigir que se transparente y resuelva el caso de Tlatlaya, después de que el mandatario fijara su posicionamiento sobre el tema desde el palacio de Gobierno de Toluca, cuando pidió a los periodistas “su comprensión” ante su postura (no hacer más cuestionamientos sobre el tema) y explicó que el gobierno estatal sólo atenderá los requerimientos de las instituciones judiciales que investigan el caso.
“Me sorprende la actitud del Gobernador del Estado de México, él debería estar muy molesto y muy preocupado con lo que ocurrió, porque evidentemente él fue una pieza clave en esta operación para desvirtuar la verdad de lo ocurrido y para engañar a la opinión pública nacional e internacional respecto de esta masacre”, dijo Vivanco en esa ocasión.
El director de HRW opinó que si Eruviel Ávila fue sorprendido por quienes ejecutaron a los 22 civiles ya rendidos en Tlatlaya, debía afrontarlo, decirlo públicamente y exigir una investigación detallada para preservar su prestigio y reputación.
“Porque él fue una figura clave que a las horas de ocurrida la masacre estaba repitiendo literalmente la versión oficial elaborada por el Ejercito en el sentido de que se había tratado de un enfrentamiento por un grupo de delincuentes donde de un lado murieron 22 y del otro ninguno”, recordó.
Vivanco prosiguió: “Esa fue la versión oficial. No tenemos elementos, antecedentes como para acusar al Gobernador de ser encubridor de estos hechos, porque no tenemos la evidencia de quién le comunicó esta información al Gobernador y quién lo llevó a él, al igual que al Procurador, a sostener la misma versión del Ejército. No sabemos simplemente si lo hicieron porque querían quedar bien con el Ejército, porque acostumbran a repetir las versiones oficiales que provienen del Ejército y entienden que esa es su función, lo hicieron porque alguien les informó que esa era la única posibilidad y que no habría una investigación seria y que la posición era cerrar el capítulo y punto”, cuestionó.