Las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y su estrategia común de militarización de la seguridad pública para combatir al crimen organizado, son puestos bajo la lupa de Open Society Justice Initiative, que identifica la persistencia de delitos de lesa humanidad perpetrados por las fuerzas federales de seguridad, así como por miembros del cártel de los Zetas.
Con base en los criterios fijados por la Corte Penal Internacional (CPI), para la organización financiada por el filántropo estadunidense George Soros, durante los últimos nueve años la población civil mexicana ha sido víctima de una estrategia que ha incluido asesinatos, desapariciones y tortura continua, “alimentada tanto por el crimen organizado como por la respuesta de mano dura por parte del Estado mexicano”.
Continúa la organización: “La intensidad y los patrones de violencia cometida desde diciembre de 2005 constituyen pruebas fehacientes de que los asesinatos, desapariciones forzadas y torturas perpetradas tanto por actores gubernamentales federales, como por miembros del cártel de los zetas son considerados como crímenes de lesa humanidad”.
Lo anterior forma parte de las conclusiones del informe “Atrocidades innegables. Confrontando crímenes de lesa humanidad en México”, elaborado tras cuatro años de investigación, que incluyen al menos cien entrevistas con funcionarios de gobierno, fiscales, políticos, jueces, miembros del Congreso, y activistas de derechos humanos, en Ciudad de México, Coahuila, Guerrero, Nuevo León, Querétaro, además de Morelos y Génova, Italia”.
Open Society presenta informe sobre “atrocidades innegables” en México
En la investigación, encabezada por James Goldston, colaboraron también la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, y se hace un análisis detallado de recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de solicitudes de información a dependencias federales, así como de reportes de organizaciones internacionales como Human Rights Watch y de oficinas de Naciones Unidas.
De acuerdo con el estudio no cabe duda que “al aplicar los criterios utilizados pro la CPI, existe evidencia de que el gobierno de México inició una política de uso indiscriminado y extrajudicial de la fuerza como parte de la estrategia gubernamental de seguridad para combatir al crimen organizado”.
Dicha estrategia, la dirigió “contra cualquier civil que supuestamente se encontraba vinculado” al crimen organizado, mientras “reforzaba una casi completa impunidad para los funcionarios federales que ejecutaban dicha violencia”, lo que implicó “la comisión de múltiples actos contra la población civil, la cual incluyó asesinatos, tortura y desapariciones forzadas”.
El informe de Open Society hace un minucioso perfil del cártel de los Zetas, cuya actuación se apega a los parámetros de la CPI, de manera que en los últimos diez años la agrupación criminal ha desplegado “una política organizacional de intimidación y terror”, contra la población civil.
Un decomiso de armas a Zetas en Coahuila. Foto: Miguel Dimayuga
México: fracaso contra el crimen
Al señalar que México “ha fracasado en investigar y procesar estos crímenes”, incumpliendo sus obligaciones internacionales, Open Society hace un recuento de las atrocidades cometidas en los últimos nueve años, pero toma como antecedentes relevantes crímenes de lesa humanidad cometidos durante las represiones estudiantiles de 1968 y 1971; las cientos de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales durante la Guerra Sucia; las masacres de Aguas Blancas (Guerrero, 1995) y Acteal (Chiapas, 1997), casos que hasta ahora se mantienen en la impunidad.
“La historia moderna de México se ha caracterizado por la represión y el incremento en la militarización ejercidas por un Estado propenso tanto a la corrupción como la influencia externa, a menudo ejercida por los Estados Unidos”, caracteriza el informe al referirse a los antecedentes de la actual crisis de derechos humanos.
El documento recuerda que en enero de 2006 México suscribió los Estatutos de Roma de la CPI, que considera once crímenes de lesa humanidad, entre ellos asesinato, tortura y desapariciones forzadas, que “sean parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”, considerando el “ataque” como una “línea de conducta” cometido tanto por fuerzas gubernamentales como por grupos armados organizados, en este caso Los Zetas.
Labores de vigilancia en la zona turística de Acapulco. Foto: Bernandino Hernández
Zetas: autores de crímenes de lesa humanidad
Entre los aspectos relevantes de este informe están las consideraciones que los investigadores de Open Society hacen para identificar a los Zetas, a diferencia de otros grupos criminales en México, como responsables de crímenes de lesa humanidad.
Describen los antecedentes del grupo, en 1997, tras la deserción de 31 miembros del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE), encabezados por Arturo Guzmán Decena, para convertirse en el brazo armado del Cartel del Golfo, con el que rompe en 2010, luego de la extradición de Osiel Cárdenas Guillén.
En el informe se describe su estructura militar, integrada por “los halcones”, quienes “supervisan las zonas de distribución”, le siguen “las ventanas”, sector compuesto por “adolescentes, quienes viajan en motocicletas, son los responsables de chiflar a fin de advertir la presencia de la policía y otros individuos sospechosos cerca de las tiendas que venden drogas”; también están “los mañosos” que son “los especialistas en armas”.
La organización también tiene mujeres, “las leopardas, son prostitutas que obtienen información de sus clientes para que Los Zetas la usen”, y también está “la dirección, constituida por aproximadamente 20 expertos en comunicaciones quienes interceptan llamadas telefónicas, siguen e identifica vehículos sospechosos y coordinan secuestros y las ejecuciones”.
Del análisis de sus operaciones, el informe determina que Los Zetas han realizado “emboscadas, posiciones defensivas y tácticas de unidades pequeñas, por largo tiempo empleadas por las fuerzas militares, para los sindicatos criminales de México”; se distingue entre las organizaciones criminales de América como “una de las pocas (…) dispuesta a deliberadamente atacar retenes o patrullas militares”, de manera que cuando se formaron “catalizaron una evolución en el conocimiento táctico y la obtención de la inteligencia estratégica, las cuales se han convertido en la norma a lo largo de los últimos 10 años “.
El poderío de Los Zetas, apunta el documento, fortalecido por el respaldo de autoridades civiles corrompidas, sobresale por no considerarse asimismo como un grupo de narcotraficantes: “Siempre han sido un grupo militar, cuyo principal objetivo es el control territorial. Los Zetas entendieron algo que los otros grupos no hicieron: que no era necesario llevar a cabo actividades criminales para obtener ganancias, simplemente necesitaban controlar el territorio en el que esas actividades estaban ocurriendo”.
El imperio del terror es pues el poder de Los Zetas, añade el documento, que ubica al cártel en la franja de estados que colindan con el Golfo de México (Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas), así como Nuevo León y Coahuila, pero con presencia también en Michoacán, Guerrero y Oaxaca.
“Los Zetas no son violentos sólo porque sus líderes prefieren ser agresivos, sino porque se guían por un modelo económico que se basa en el control del territorio de manera violenta. Dentro de ese territorio, obtienen rentas de otros actores criminales y trasportan sólo un número limitado de bienes ilegales a través de algunas de sus propias redes. Sin ese territorio no tienen ninguna renta. En esencia, Los Zetas son parásitos. Su modelo depende de su capacidad de ser más poderosos y violentos que sus rivales de manera que puedan obtener dicha renta”, apunta el documento.
Como ejemplos claros de la política de terror impuesta por Los Zetas, Open Society tomó los casos de Allende, Coahuila, donde entre marzo y abril de 2011, la comunidad fue tomada, las casas destruidas, los negocios quemados y 300 personas fueron secuestradas, sin que hasta el momento se tenga noticias de ellas; recordó el incendio provocado en el casino Royal en Monterrey, Nuevo León, donde murieron 52 personas, porque el dueño del local se negaba a pagar la cuota establecida; así como las decenas de tomas de carreteras para evitar el tránsito de unidades militares en Monterrey y Reynosa.
