El ex Gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz deberá ser liberado de manera inmediata, ordenó una juez.
La juez federal, Beatriz Joaquina Jaimes Ramos, consideró que la prisión preventiva que le fue dictada la madrugada de hoy violó una suspensión provisional.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que administra el Poder Judicial, indicó en un boletín que el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en Nuevo León ordenó al juez de control en ese estado dejar sin efecto legal la determinación relativa a la prisión preventiva decretada contra el promovente del amparo (Medina).
El tribunal “ordenó al juzgador que las cosas vuelvan al estado que tenían al momento de concederse dicha suspensión; esto es, proveer la libertad e informar de inmediato al Juzgado de Distrito del cumplimiento, apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa”, indicó el CJF.
La resolución establece que el juez de control, al rendir su informe previo el pasado 25 de enero de 2017, estimó que la posibilidad de que el quejoso se sustraiga de la acción de la justicia es menor.
El delito que se le atribuye, agregó el juez, no es considerado grave, ni merece prisión preventiva oficiosa, además de que la causa se sigue bajo el nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio y oral.
Por ello, el Juzgado concluyó que “es indudable que al habérsele privado de su libertad personal en la audiencia iniciada el 25 y concluida el 26 de enero del año en curso, se pone de relieve el incumplimiento por parte del juez de control del estado, a la suspensión provisional que fue concedida”, expuso el Consejo.
En consecuencia, añadió, el juez “no debió restringir la libertad al exgobernador imponiéndole la medida cautelar personal consistente en la prisión preventiva y contrariar con ello la suspensión provisional decretada por el Juzgado de Distrito”.
Este jueves, el Gobierno de Nuevo León indicó en un boletín que logró la vinculación a proceso de Medina por robo al erario público y daño contra el patrimonio del estado, así como “la prisión preventiva como medida cautelar”, tras una audiencia de 18 horas en la que estuvo presente el exgobernador (2009-2015).
Precisó que existe un probable daño contra el patrimonio estatal aproximado a los 3 mil 128 millones de pesos (unos 147 millones de dólares).
Por ello, el juez Miguel Ángel Eufracio dictó cárcel preventiva “al considerar que las penas de hasta 12 años de prisión por los delitos y la falta de arraigo en Nuevo León pueden provocar la sustracción de la justicia del ahora investigado”, indicó el texto.
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