El Senado de la República terminará el periodo ordinario de sesiones convertido en un pantano intransitable para los temas torales del país.
A solo unos días de que concluya el periodo, el 30 de abril próximo, los legisladores trabajan a marchas forzadas para sacar adelante algunos asuntos polémicos que no avanzaron durante meses.
Aunque ayer se logró concretar la aprobación de la Ley de Ejecución Penal; y la del Sistema de Justicia para Adolescentes –que falta sean aprobados por la Cámara de Diputados-, otros temas importantes quedarán en el tintero.
En la mayor parte de los casos, todo apunta a que el debate podría pasar más allá del periodo ordinario, hasta mayo, si se decide convocar a un periodo extraordinario.
Son cinco los temas que el Senado podría dejar pendientes: las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción; el mando mixto policial; la regulación del uso medicinal de mariguana; la ley contra la tortura; y la ley sobre desaparición forzada y desaparición realizada por particulares.
La falta de acuerdos, la cercanía de las elecciones y el uso político de algunos temas han empantanado el avance en el Senado de la República de estas reformas.
Las negociaciones están en el aire. En las últimas horas, el Senado se convirtió en escenario de un estira y afloja para intentar avanzar en esos temas, ante la presión y las miradas insistentes de la ciudadanía cada vez más pendiente de la labor legislativa.
El reloj legislativo para anticorrupción
Las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción han sido las protagonistas del debate legislativo en las últimas semanas y podrían ser la causa de que en la Cámara alta se detenga el llamado “reloj parlamentario”.
Este mecanismo es utilizado para detener virtualmente una sesión –aunque sea otro día natural-, para aprobar alguna ley o reforma y esta aprobación sea considerada dentro del plazo legal.
Es decir, que aunque el periodo ordinario de sesiones concluya oficialmente el sábado 30 de abril, la Cámara alta puede decidir continuar trabajando aunque pasen uno o varios días naturales, y se haría con fecha oficial del último día del mes.
“Si hay necesidad de parar el reloj legislativo, hay que hacerlo, si hay necesidad de continuar los trabajos en un periodo extraordinario, hay que hacerlo, pero vamos a tratar de hacer –al menos, así lo hemos comentado el PRD y el PAN- todos nuestros esfuerzos para que antes del día 28 de mayo exista un Sistema Nacional Anticorrupción fuerte, robusto y, desde luego, con características que está demandando la propia sociedad”, afirmó Fernando Herrera, coordinador del PAN.
Aunque el debate se ha centrado en la llamada Ley 3de3, son varias las leyes que deben reformarse para conformar el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción: Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos (llamada Ley 3de3); Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa; Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas; Ley General de Contabilidad Gubernamental; y Ley de Coordinación Fiscal.
A esto se suman las modificaciones a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República para facultar y definir las reglas de elección del fiscal anticorrupción.
En el diseño de las leyes anticorrupción, el PRI y el PVEM robaron al PAN y al PRD la hechura de la nueva legislación.
Aunque en un momento se dijo que se haría bajo el esquema de Parlamento Abierto, el acuerdo no se respetó y fueron solamente los senadores Pablo Escudero (PVEM) y Raúl Cervantes (PRI) quienes trabajaron junto a organizaciones de la sociedad civil en un documento presentado a los demás senadores.
El avance de ese documento se dio solamente con cuatro leyes: la Ley General del SNA, la Ley de Responsabilidades, la Ley del Tribunal de Justicia Administrativa y la Ley de Fiscalización.
En las demás no hay acuerdo, según reconoció el coordinador parlamentario del PRI, Emilio Gamboa.
Un elemento que mantiene en un impasse las negociaciones es que las declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses sean públicas por obligación; y que en el caso de la declaración patrimonial se deba abarcar a familiares hasta el cuarto grado de parentesco.
Esto podría empantanar otra vez el avance en los acuerdos, pues la mayoría de los senadores de oposición se han enfrascado en una discusión de todo o nada.
El PAN y el PRD tomaron la determinación de no transitar con la propuesta oficialista si no incluye las siete leyes del Sistema.
Empresarios de la Coparmex acudieron a la Cámara alta a exigir la aprobación de estas leyes y pidieron que sean las siete y no menos, para no tener un Sistema Anticorrupción incompleto.
Acudieron también asociaciones católicas, como el Instituto Mexicano de Doctrina Social, para entregar un escrito realizado por Jorge Mario Bergoglio, 22 años antes de que se convirtiera en el Papa Francisco, donde dice que la corrupción “huele a podrido”.
Mando mixto, condicionado
Desde enero pasado, cuando el PAN decidió entrar a la discusión del modelo de Mando Único policial, dejó ver que su debate y eventual aprobación estaría ligado a la aprobación de las leyes anticorrupción.
“Para discutir el Mando Único, primero que haya avances en el Sistema Nacional Anticorrupción”, soltó Roberto Gil en la plenaria de los senadores panistas de enero pasado, cuando definieron sus prioridades legislativas.
Las semanas pasaron y el PAN consiguió que fuera la propuesta del albiazul la que sirviera como base para la creación del nuevo modelo policial.