La senadora Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, propuso un punto de acuerdo para que la Procuraduría General de la República atraiga la investigación relativa a la venta de bebés para adopciones ilegales en Sonora.
Detalló que algunos de los recién nacidos fueron trasladados a Estados Unidos, por lo que tal delito ha traspasado las fronteras del país, y por ello su grupo parlamentario solicita que se dé seguimiento a la línea de investigación por trata de personas transnacional y explotación hacia las madres.
Dijo que, por la gravedad del caso, la sanción de los delitos no puede quedar a cargo sólo de las autoridades locales; “no se deben dejar espacios abiertos, por donde transite la impunidad, y menos cuando se habla de un delito grave, como la trata de personas y la explotación de menores y mujeres”, comentó.
Señaló que es urgente seguir con la investigación para desarticular las redes delictivas, nacionales e internacionales, que aprovechan la complicidad de algunas autoridades y la vulnerabilidad de las personas.
Además, especificó, también deben avanzar las reformas al marco jurídico vigente en materia de trata de personas, porque los preceptos actuales en cuanto a la adopción son confusos.
Tampoco se contempla la explotación con fines reproductivos, es decir, no se sanciona a aquel que, a través de matrimonio o no, explota a una mujer para tener hijos y después separarla de ellos sin su consentimiento, para cualquier fin, como la venta ilegal.
Se dijo preocupada porque las autoridades encargadas de sancionar estos delitos no cuentan con un instrumento jurídico claro y preciso, que les permita cumplir con su cometido.
Por ello reiteró su disposición para impulsar las reformas en materia de trata de personas, que son analizadas y discutidas por los senadores en diversas comisiones del Senado de la República.
Las senadoras Angélica de la Peña, Anabel Acosta, Mónica Arriola, Ana Gabriela Guevara, María Elena Barrera, Martha Tagle y el senador Luis Humberto Fernández Fuentes se sumaron al punto de acuerdo propuesto por la senadora Adriana Dávila Fernández.
El punto de acuerdo fue turnado a las comisiones unidas de Justicia y Derechos Humanos para su análisis.