La Ministra Olga Sánchez Cordero aseguró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través de sus resoluciones y otras estrategias, promueve el respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad, garantizando que los ejerzan efectivamente, en igualdad de condiciones que el resto de la población y sin discriminación alguna.
Al inaugurar el Seminario Hacia un sistema de educación inclusiva en México, realizado en la sede del Instituto de la Judicatura Federal (IJF), afirmó que para dar un giro en la impartición de justicia hacia la inclusión y la igualdad de trato y oportunidades para las personas con discapacidad, desde el Poder Judicial deben identificarse las prácticas discriminatorias, sus patrones y los discursos que los sustentan.
Ante el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia; el subsecretario de Educación Básica, Alberto Curi Naime; el director de la organización Discapacidad y Justicia Inclusiva, A.C, Carlos Ríos Espinosa, y el magistrado Julio César Vázquez Mellado, director del IJF, expresó que “de esta manera, el Estado mexicano tiene frente a sí la gran oportunidad de ofrecer una educación no especial, sino inclusiva”.
La Ministra Sánchez Cordero destacó que, a lo largo de la historia, han surgido diferentes modelos para explicar la discapacidad, pero que fue el modelo social el que planteó que las personas con discapacidad “como parte de la diversidad humana, deben ser incluidas en la comunidad, reconociéndoles una participación plena y efectiva, toda vez que contribuyen a la misma en igual medida que las personas sin discapacidad”.
Al respecto, destacó que la SCJN ha fijado valiosos precedentes basados en la aplicación de este modelo, como la resolución dictada en el caso de una persona diagnosticada con Síndrome de Asperger, en la que se reconoce la autonomía personal y de voluntad de las personas con discapacidad.
“Se dijo que tenía posibilidad de decidir con su autonomía de voluntad ciertas situaciones y que solamente estaría limitado en la medida en que requiriera acompañamiento para realizar cualquier actividad y toma de decisiones. En esta sentencia se recupera el tema de la autonomía de la voluntad”, subrayó la Ministra
“En la Corte misma se ha reconocido a las personas con discapacidad como titulares de derechos, se ha promovido que las personas con discapacidad efectivamente ejerzan sus derechos en igualdad de condiciones que el resto de la población y sin discriminación alguna.
En su intervención, el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia, enfatizó que la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad representa un importante cambio de enfoque en la atención de este grupo de la población, quienes son titulares de derechos, no únicamente receptoras de caridad o de atención médica.
Detalló que el derecho a la educación de las personas con discapacidad se estableció en una resolución emitida por el Consejo de Derechos Humanos en 2014 en la que exhortó a los estados parte a adoptar las medidas necesarias, especialmente medidas legislativas “para asegurar que las personas con discapacidad disfruten del derecho a la educación sin discriminación sobre la base de la igualdad de oportunidades, asegurando un sistema de educación inclusivo a todos los niveles y la enseñanza a lo largo de la vida”.
El presidente de la Asociación Discapacidad y Justicia Inclusiva, A.C, Carlos Ríos Espinosa, consideró que el seminario representa una oportunidad de revisar “dónde estamos hoy por hoy en materia de la satisfacción del derecho humano básico a la educación para las personas con discapacidad”.
El activista hizo un llamado a identificar cuáles son las necesidades de adecuación para garantizar este derecho y, particularmente, de la población sujeta a discriminación múltiple, como las personas indígenas, o las mujeres que viven con discapacidad.
El subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública, Alberto Curi, sostuvo que la calidad y la equidad en la enseñanza “son un binomio que se promueve en las políticas educativas”, y que se desarrollan estrategias para brindar una atención efectiva y abatir el rezago educativo.
“Existen programas específicos para consolidar servicios fundamentales como la educación para grupos indígenas y para migrantes”, precisó.
Durante el seminario se desarrollaron las mesas de trabajo el sistema educativo nacional a la luz de los estándares internacionales; armonización de la Ley General de Educación con la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad; reflexión crítica sobre las prácticas educativas actuales en el marco de la educación inclusiva y elaboración de un Plan Nacional de Educación Inclusiva: elementos, prioridades y estrategias.