La presidenta de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, Adriana González Carrillo (PAN), señaló que “el Estado no puede garantizar el tránsito de los migrantes por México. Hoy, el crimen organizado nos obliga a tomar medidas más certeras para que el paso por nuestro país sea seguro”.
México, sostuvo, es un país expulsor y de circulación de migrantes y hace aproximadamente una década, el tema se abordó de manera distinta a través de la perspectiva de los derechos humanos.
“Por ejemplo, es de reconocer que el gobierno mexicano limite el uso de las vías de “La Bestia”, es una medida correcta porque ahí se exponen muchos migrantes centroamericanos. “Muchos tienen que amarrarse con su propia ropa al tren para no caer y ser mutilados”, describió.
Consideró que la legislación ecuatoriana en la materia es superior, ya que, dijo, “manejan conceptos de avanzada” y aunque nuestro país trabaja en ese rubro, aseguró, se debe recoger la claridad y experiencia de otras naciones.
Durante el Diálogo Interparlamentario México-Ecuador “Los retos de la Movilidad Humana en el siglo XXI”, organizado por esa instancia legislativa, apuntó que “una migración ordenada, legal y segura podría ayudar a garantizar el respeto de los derechos humanos”.
Al participar, la diputada Aleida Alavez Ruiz (PRD), secretaria de la Comisión de Gobernación, afirmó que el fenómeno migratorio para las naciones de Latinoamérica es una cuestión de seguridad nacional, pública y humana. “Los migrantes no son la escoria de la sociedad”. El reto es garantizar el derecho de migrar y no ser discriminado o considerado como ilegal por esta condición,
Eso exige instaurar políticas de hospitalidad para las personas que carezcan de documentos de identificación. México tiene la obligación de defender a todas las personas que transitan por el país indistintamente de su origen, y otorgar las visas humanitarias que les permita recorrer y llegar a donde han elegido residir de forma segura.
En la mesa “Respuestas Legislativas a la realidad migratoria contemporánea”, Alavez Ruiz destacó que “la migración no es un crimen, considerarla así refleja actos prejuiciosos y discriminatorios que ponen en peligro la coexistencia y convivencia pacífica de toda persona que radica fuera de su lugar de origen. Al contrario, debe ser vista como una parte esencial para el desarrollo económico, social y cultural de las sociedades de acogida”, apuntó.
Urgió a sustituir el concepto de migración por el de movilidad humana, para evitar la “criminalización”. Llamó a reflexionar sobre este nuevo enfoque que tiene que retomarse y entenderse, a fin de construir un nuevo marco legal en México en torno a este fenómeno, porque “hay temores para cambiarlo”.