En las Audiencias Públicas sobre la Participación de México en el 70 Periodo de Sesiones de la Asamblea General de la ONU, académicos y especialistas destacaron la importancia de que el Estado mexicano refrende su compromiso con la protección de los derechos humanos, impulse una resolución sobre desplazamiento interno y sea una nación activa en la construcción de la gobernanza y la lucha contra el terrorismo.
La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, senadora Laura Angélica Rojas Hernández, consideró que la política exterior “no puede ser construida” sólo por el Poder Ejecutivo y el gobierno tienen que escuchar a los diferentes grupos involucrados en el tema: a los Poderes Legislativo y Judicial, a las administraciones y Congresos locales.
En México, agregó la legisladora del Partido Acción Nacional, se tiene que hacer un esfuerzo por cerrar la brecha entre lo que se promueve en los organismos internacionales y lo que sucede al interior del país.
En la mesa “Posicionamiento de México en el debate general de la Asamblea General de la ONU”, Jorge Schiavon, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, dijo que los mexicanos “estamos pesimistas por el rumbo que sigue el mundo”; el 73 por ciento de ellos piensa que el planeta está peor que hace 10 años.
Señaló que los mexicanos queremos una política exterior que genere desarrollo, seguridad y bienestar para las personas en temas como: protección al medio ambiente, combate al narcotráfico y crimen organizado, promover la cultura mexicana al exterior, impulsar la paz y seguridad internacional.
Por su parte, Laura Zamudio, directora del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana, comentó que México ha sido un jugador activo, consistente y responsable en la construcción de la gobernanza, a través de las Naciones Unidas.
Dijo que son muchos los temas que México impulsará en la Asamblea General de la ONU, sin embargo, se debe pensar en el reposicionamiento dentro del organismo internacional.
María Josefina Menéndez, de Save the Children México, advirtió que es importante ir más allá de la declaración de compromisos y voluntad política, para lo cual es fundamental que durante la Asamblea General el presidente Peña Nieto se comprometa públicamente con la sociedad mexicana a dar prioridad a la población marginada.
Durante el panel “Desarme y Seguridad Internacional”, Guadalupe González Chávez, del Centro Mexicano de Análisis Estratégico y Negociación Internacional, refirió que cada año se producen cerca de ocho millones de armas de fuego y solamente se destruyen un millón; los muertos se acumulan y los heridos aumentan en el mundo, apuntó.
Consideró que la muerte del niño sirio Aylan Kurdi, y otros casos de este tipo, están relacionados indirectamente con la falta de control de armamentos y la creciente circulación de armas de fuego, explosivos y otros artefactos convencionales.
Para Jans Fromon-Guerra, consejero de la Organización Médicos Internacionales para la Prevención de la Guerra Nuclear, no es viable ni posible ningún tipo de desarrollo sostenible mientras existan armas nucleares en el mundo, pues son la principal amenaza para la vida en el planeta.
La representante de la Dirección General Adjunta para Asamblea General y Desarme, María Antonieta Jáquez, advirtió que existen en el mundo 16 mil armas nucleares en posesión de nueve países, por lo cual se considera que el desarme es la asignatura pendiente de las Naciones Unidas.
El catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, Raúl Benítez Manaut, señaló que el problema de los menores migrantes no acompañados de Centroamérica representó una “vergüenza nacional” y no generó cambios en las políticas del país.
Lo mismo sucede con las armas, pues se dice que hay cinco millones de armas ilegales en el país y no se sabe cómo entraron, por ello, “es necesario estar a tono con las tendencias humanitarias del sistema internacional solidario de políticas activas”.
En el tercer panel: “Asuntos Económicos y Financieros”, Roberto Dondisch Glowinski, director general para Temas Globales de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), explicó que México incluyó en las negociaciones de la agenda 2030 asuntos como la inclusión social y económica, la medición multidimensional de la pobreza, el respeto a los derechos humanos, entre otros.
El embajador Jorge Eduardo Navarrete López, ex representante permanente de México ante la ONU, consideró fundamental restaurar el rol del Estado para orientar y dirigir el proceso de desarrollo, pues los países requieren de agendas nacionales firmes y de gobiernos comprometidos con ese objetivo.
Respecto a la actual de la crisis de refugiados en Medio Oriente y Europa, dijo que la información internacional confunde el asilo humanitario con corrientes migratorias, lo que ha complicado enormemente las decisiones y abierto nuevos peligros.
Precisó que se trata de un problema de asilo o protección humana, la cual demandan respuestas inmediatas, que por su propia naturaleza deben ser de carácter temporal o de mediano plazo.
En el cuarto panel sobre “Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales”, Mariana Olivera, directora general adjunta en la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia de la SRE, dio a conocer que en la siguiente Asamblea General se promoverá la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo.
Además, se impulsará, entre otros puntos, una iniciativa para que los Estados revisen sus procedimientos, tácticas y legislación relativa a la vigilancia e intercepción de comunicaciones para garantizar el derecho a la privacidad.
Luis Ángel Benavides Hernández, del Instituto Tecnológico Autónomo de México, hizo un llamado a la Cancillería para que presente una resolución sobre desplazamiento interno, pues actualmente no existe un instrumento jurídico internacional vinculante en esta materia y ese es uno de los grandes vacíos a nivel mundial.
Advirtió que hay un interés por parte de diversos mecanismos internacionales por revisar la situación de México en materia de derechos humanos, pero existe una especie de “esquizofrenia gubernamental” porque se participa en una alianza por un gobierno abierto, pero no se aceptan las visitas de relatores especiales.
En tanto, Mónica Serrano, investigadora del Colegio de México, destacó que el flujo de migrantes provenientes de Centroamérica es un desafío que enfrenta nuestro país.
Señaló que no es gratuito que México busque una resolución respecto a los derechos humanos de los indocumentados en tránsito, pero “está lejos de poder garantizar su protección”, ya que ellos son víctimas de secuestro, extorsión y de delitos relacionados con la trata de personas.