La Cámara de Diputados solicitó al Ejecutivo federal intervenir ante la empresa Grupo México para que se recuperen los restos de 63 mineros que quedaron atrapados en la mina Pasta de Conchos, Coahuila, a causa de una explosión ocurrida en 2006.
El acuerdo de la Junta de Coordinación Política, aprobado en votación económica, también pide a la Comisión Especial de Minería crear un grupo de trabajo para revisar la legislación en la materia, a fin de darle seguimiento a las reformas presentadas y proponer las que resulten necesarias, con el objeto de prevenir y evitar que casos como el de Pasta de Conchos, se vuelvan a presentar.
Al fijar su posicionamiento, el diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, de la agrupación Morena, señaló que a nueve años de la explosión en la mina, aún no se rescatan los cuerpos de los trabajadores. Agregó que no se ha determinado la responsabilidad real de la empresa ni de los inspectores de la Delegación Federal de Trabajo en Coahuila.
Refirió que de febrero de 2006 a la fecha, se reportan aproximadamente 105 mineros del carbón que han fallecido por la ausencia de prohibición irrestricta de trabajo en tiros verticales para la extracción de carbón en el estado de Coahuila. “La garantía de la seguridad y de higiene en la industria minera siguen siendo temas pendientes a costa de la vida de los trabajadores”.
La diputada de Nueva Alianza, María Sanjuana Cerda Franco, dijo que hace nueve años, por la negligencia patronal de no cumplir con sus obligaciones y con las normas y reglamentos de seguridad, higiene y medio ambiente en la mina Pasta de Conchos, murieron 63 trabajadores.
Hizo un reclamo a los directivos de Grupo México, “para que cesen en sus dilaciones y maniobras legaloides y hagan algo mínimamente sensato. “Que se encarguen y responsabilicen de entregar los cuerpos de los 63 mineros que aún siguen sepultados en el tiro de esa mina”, propuso.
En su turno, la diputada Zuleyma Huidobro González (MC) consideró necesario alzar la voz, “porque no podemos ser indiferentes ni coautores con la empresa Industria Minera México, la cual ha apostado a la desmemoria colectiva y al cansancio de las familias de las víctimas y de los grupos de activistas”.
“No podemos permitir que el transcurso del tiempo sepulte esos hechos reprobables y que la impunidad siga permeando al país. Debemos actuar de manera coherente y responsable”, enfatizó.
La diputada Lilia Aguilar Gil (PT) demandó pensiones justas para los deudos, además de justicia, y llevar a cabo un nuevo peritaje para recuperar los 63 cuerpos todavía sepultados en esta mina.
Refirió que Grupo México “representa no solamente muerte, sino también corrupción e impunidad y desde su creación ha tenido en su haber la muerte de 419 mineros fallecidos en accidentes de trabajo”. Estimó que la Secretaría de Economía debe revisar las concesiones mineras que tiene esta empresa y responder por la seguridad de los trabajadores.
Por el PVEM, la diputada Lourdes Adriana López Moreno señaló que resulta inaceptable que un consorcio que obtiene ganancias tan jugosas, como Grupo México, dé tan poca importancia a algo que debería ser prioridad, como el cuidado de la seguridad e integridad de sus trabajadores, quienes además de ser víctimas de inestabilidad laboral quedan en completo desamparo cuando padecen algún accidente.
Por ello, anunció que insistirá en que se realicen modificaciones a la Ley Minera para incluir la figura de la seguridad en el trabajo como una prioridad en el sector minero.
El diputado Trinidad Secundino Morales Vargas (PRD) recalcó que “inconcebiblemente, a nueve años de la terrible explosión de gas en la mina, se continúan sin recuperar los restos mortales de los 63 mineros que aún se encuentran en los socavones. Han sido enterrados en el olvido los reclamos constantes de sus familiares, de la sociedad civil y hasta de esta Cámara de Diputados”.
Destacó que “Pasta de Conchos continuará siendo una memoria viva hasta conseguir el rescate de los restos mortales de los mineros, hasta lograr las medidas necesarias para evitar más muertes prevenibles y para lograr una verdadera justicia contra los responsables de cuello blanco”.
En tanto, la diputada Esther Quintana Salinas (PAN) señaló que Pasta de Conchos dejó a la vista “océanos de negligencia de una compañía que no le dio la gana atender las comprobadas notificaciones y alertas de seguridad que recibieron los administradores de la mina con semanas de anterioridad a la tragedia, las cuales señalaban la alta concentración de gas metano, muy por encima de lo establecido por la norma”.
Consideró que se pueden hacer leyes para que los trabajadores del socavón, “los que se parten el alma en las entrañas de la tierra, laboren con seguridad y puedan vivir como personas, es decir, con dignidad. Y morir también con dignidad, porque hoy sus huesos o sus cenizas no están al ras de tierra. Es imposible que sus deudos les lleven flores”.
El diputado José Luis Flores Méndez (PRI) mencionó que pese a que la mina realizaba sus operaciones con elevados índices de inseguridad, la carbonera no fue clausurada antes de la tragedia debido a la negligencia y corrupción en que incurrieron diversos actores. “Muchas dudas han quedado en el aire desde aquel febrero, junto al gran sentimiento de impotencia e injusticia. Al momento permanecen 63 familias prolongando su dolor”.
Lanzó “un enérgico llamado a la empresa Minera México SA, Imsa, y a Grupo México para que reactiven los trabajos de búsqueda y recuperación de los mineros perdidos en la explosión del 2006”. Es su responsabilidad, subrayó, pues incurrió en faltas a la normativa, operó en forma irregular y no garantizó la seguridad ni la vida de sus trabajadores.