Una vez aprobada por el pleno, la Sección Instructora se instalará el próximo martes 15 para iniciar formalmente el proceso de desafuero contra Lucero Sánchez, diputada sinaloense por el distrito de Cosalá, presuntamente vinculada con Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.
Dicha instancia está conformada por cuatro integrantes –dos del PRI, uno del PAN y uno del PRD– y será presidida por el priista Ricardo Ramírez Nieto, legislador por Guanajuato.
El vicecoordinador del Revolucionario Institucional en San Lázaro, Jorge Carlos Ramírez Marín, detalló que la Sección Instructora cuenta con un solo asunto: la solicitud de desafuero contra la diputada local por el PAN. La demanda fue entregada por la Procuraduría General de la República (PGR) a la Secretaría General de San Lázaro.
Hasta el momento el único delito por el que la PGR pretende procesar a Lucero Sánchez, para lo cual demandó el retiro del fuero constitucional, es por haber falsificado documentos oficiales, como la credencial de elector con la que supuestamente ingresó al penal federal del Altiplano para visitar al líder del Cártel de Sinaloa antes de su fuga del 12 de julio de 2015.
Los integrantes de la Sección Instructora fueron elegidos de entre los diputados de la Comisión Jurisdiccional, y el martes 15 recibirá la petición de desafuero que se encuentra en la Secretaría General.
De acuerdo con el semanario Ríodoce, la diputada que llegó al Congreso de Sinaloa cobijada por Acción Nacional reapareció en las instalaciones de ese recinto y “prácticamente fue blindada” durante su estancia.
En breves declaraciones, Lucero Sánchez dijo no tener miedo y que estaba ahí por ser una legisladora muy responsable.
Manifestó que no podía hacer más comentarios por recomendación de sus abogados, y agradeció a los medios por dar seguimiento a su caso.
En San Lázaro, el vicecoordinador del PRI destacó que tanto los juicios de procedencia (el caso de Lucero Sánchez) como los juicios políticos –las demandas que tienen el gobernador de Veracruz, Javier Duarte Ochoa, y el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin– “no deben ser parte de una estrategia de campaña, sino parte de una definición política de la Cámara de diputados. Donde se tenga que aplicar la ley se tiene que aplicar y punto”, subrayó.
Los procesos de juicio político deberán ser analizados por la subcomisión de Examen Previo integrada por 12 miembros, quienes determinarán si son viables o no las demandas.
La subcomisión tiene como plazo hasta el próximo jueves 17 para establecerse y empezar a trabajar.