A días de que se constituya la Comisión Nacional Antimonopolios (CNA), el nuevo órgano de competencia del Estado mexicano, la definición de su presupuesto es su primer gran desafío, pues todavía no tiene una propuesta de asignación de recursos para el 2026.
Por no estar constituida cuando fue presentado el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) el 8 de septiembre pasado, la CNA no fue considerada en el documento, ni ninguna partida presupuestaria alusiva a las funciones que desempeñará.
De hecho, destaca que el presupuesto solicitado por el Ejecutivo para la Secretaría de Economía, dependencia en la cual quedará sectorizada, es 4.5% menor para el 2026, en términos reales, quedando en 3,535 millones de pesos.
Sin embargo, la nueva CNA –que remplazará a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece)– tendrá más responsabilidades y en esa medida se esperaría que tenga un presupuesto acorde, opinó Patricio Martínez, consejero de Competencia Económica del despacho Pérez Llorca.
Una de sus nuevas facultades será la supervisión de la competencia económica de las telecomunicaciones y la radiodifusión, función que hasta la fecha recae en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que también está viviendo sus últimos días.
No obstante, la meta de consolidación fiscal del gobierno federal para el 2026 y el nuevo recorte propuesto para la Secretaría de Economía –que en el 2026 estaría ejerciendo su presupuesto más bajo en lo que va de este siglo– no mandan señales optimistas.
“De los 2,000 millones de pesos de presupuesto que llegó a tener el IFT, 800 millones correspondían a su unidad de competencia económica; la Cofece tenía en promedio 600 millones, de modo que el presupuesto conjunto del Estado mexicano para temas de competencia era de 1,400 millones de pesos, quizás a la CNA se le asigne un poco más que la mitad de eso”, opinó un analista que pidió no ser citado.
En términos corrientes, el último presupuesto de la Cofece para un ejercicio anual completo fue de 687.9 millones de pesos, correspondiente al 2025. Para este 2025 se programó uno de 200 millones de pesos, en la inteligencia de que el órgano quedaría extinto antes de que terminara el año.
Este martes 14 de octubre el pleno del Senado aprobó las cinco nominaciones de personas comisionadas que integrarán el Pleno de la nueva CNA, quedando pendiente únicamente el nombramiento de quien lo presidirá.
De acuerdo con los transitorios de la reforma a la Ley de Competencia Económica, al día siguiente del nombramiento de su presidencia, la CNA se constituirá formalmente.
La nueva CNA también enfrenta el desafío de realizar sus investigaciones en períodos más cortos (450 en lugar de 600 días) y de ejercer un mayor escrutinio sobre las concentraciones entre agentes económicos.
Sobre este último punto, los umbrales para la notificación de concentraciones se reducen entre 11 y 16%, al tiempo que se extiende el tiempo sobre el cual la autoridad puede investigar concentraciones no notificables.
Lo anterior implica que la nueva CNA deberá analizar, en promedio, un mayor número de expedientes de concentraciones que su antecesora.
“Una autoridad con los mismos recursos, pero mayor carga de trabajo, por lógica le va a dedicar menos horas de trabajo a un expediente”, advirtió el analista que pidió el anonimato.
Perspectiva multidisciplinaria
En cuanto a la conformación del nuevo Pleno, Patricio Martínez afirmó que la lista de candidatos ratificada por el Senado “combina la continuidad de la experiencia institucional con perspectivas multidisciplinarias, otorgándole a la CNA el potencial de convertirse en una institución técnicamente sólida y con mayor conciencia social”.
Cabe recordar que tanto Andrea Marván como Ana María Reséndiz vienen de formar parte del pleno de la Cofece, la primera, como comisionada presidenta, incluso.
En tanto, de Óscar Alejandro Gómez, destaca su experiencia en organización industrial, de Ricardo Salgado, su experiencia jurídica “en materia de transparencia y marcos de gobernanza”; mientras que Haydeé Aragón, socióloga y exsecretaria del Trabajo de la CDMX “representa la posible incorporación de una dimensión social a la política de competencia mexicana”.
Source: Mexico
