Para evitar que jornaleros sufran condiciones inhumanas en campos agrícolas, autoridades federales y locales revisarán ranchos de Baja California y Baja California Sur.
Nuvia Mayorga Delgado, titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), adelantó que se alista un grupo interinstitucional en el que participarán autoridades federales, locales y de derechos humanos.
Manifestó que ya se tienen ubicados 60 ranchos en ambas entidades, que son destinos principales de jornaleros migrantes provenientes de todo el país.
Aseguró que en los centros agrícolas hay actualmente 40 mil indígenas y se busca evitar casos como los 200 jornaleros que laboraban en condiciones inhumanas en un campo de Comondú, Baja California Sur.
Manifestó que, si encuentran situaciones como las de Comondú, entonces se aplicará el protocolo correspondiente, el cual incluye la participación de la PGR, además de las procuradurías y las policías locales.
El caso de los 200 jornaleros agrícolas —la mayoría de la etnia rarámuri— rescatados en un rancho de Baja California Sur puso en alerta al Estado mexicano.
Nuvia Mayorga Delgado, titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), declaró a Excélsior que, mediante una comisión interinstitucional, revisarán rancho por rancho, o espacio laboral agrícola, para evitar más casos “en condiciones infrahumanas”.
Al momento, esta comisión actuará en los dos estados que el gobierno federal identifica como los destinos principales de jornaleros migrantes provenientes de todo el país.
“Desgraciadamente eso es los que está pasando en Baja California y Baja California Sur. En este momento ya se tiene instalada una comisión intersecretarial o interinstitucional. Entre la misma Secretaría del Trabajo o, a nivel federal, entre la Comisión de los Derechos Humanos, entre la Secretaría de Desarrollo Social, desde luego la CDI, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el gobierno del estado para darle el seguimiento, que esto ya no pase”, dijo.
Adelantó a este medio que la comisión interinstitucional ya ubicó en ambas entidades 60 ranchos que contratan esta mano de obra, y aunque no descarta otra situación similar al de los rarámuri —liberados del rancho El Cerezo en este mismo mes— consideró que no se trata de una práctica generalizada.
“Los datos que tenemos establecidos —que eso también es lo que estamos verificando— es que se encuentran alrededor de 60 ranchos agrícolas en estos estados. La cifra del número de migrantes es muy variable, la última que teníamos registrada para el año pasado, en el 2014, era alrededor de 40 mil indígenas que se encontraban en ranchos trabajando, de lo cual hasta ahora se conoce que trabajan en condiciones infrahumanas.
“Entonces, con esta cifra que hemos estado captando y que nos ha costado poder tenerla, es así como hemos estado interviniendo…
“Eso no quiere decir que los 40 mil están en las mismas condiciones, ni que los 60 ranchos se encuentren en las mismas condiciones, hay quienes les dan sus prestaciones, simplemente es verificar que no exista otro rancho como El Cerezo y, si esto sucede, pues entonces las dependencias federales correspondientes harán lo mismo que sucedió en este rancho”, detalló.
Mayorga Delgado reconoció que la migración sigue siendo un camino, sobre todo en pueblos indígenas, en la búsqueda para mejorar su calidad de vida.
Sin embargo, enfatizó que al momento en que se realicen estas verificaciones en los ranchos ofrecerán a los migrantes agrícolas opciones de permanecer en esos lugares o regresar a su comunidad con apoyos de programas productivos, entre otros.
“Se van a verificar en estos 60 ranchos a través de esta comisión interinstitucional para los que se quieran quedar, pues que tengan mejores condiciones de vida y que pueda entrar la dependencia federal que corresponde. Eso es algo que está presente también la Secretaría de Gobernación, trabajando muy fuertemente en que esto ya no vuelva a suceder y los que quieran volver a regresar a su comunidad con sus familias
—que también es una cosa que les pega mucho— que tengan mejores condiciones de vida. Los vamos a estar apoyando a través de la CDI”, expresó.
Aun cuando los operativos no se ha definido, fuentes de CDI aseguraron a Excélsior que esta semana se reunirán los delegados estatales de dichas entidades, de la STPS y de los gobiernos de los estados, para definir y poner en marcha estas verificaciones.
Excélsior