En medio de la crisis de inseguridad en el país, que en tres meses ha provocado el cierre de un campus de la Universidad del Valle de México y el secuestro de un director de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la violencia ha rebasado todas las medidas para prevenir daños o afectaciones de alumnos y trabajadores de centros educativos, incluido el Manual de Seguridad para Instituciones de Educación Superior de la ANUIES.
Esta situación se agrava debido a que la violencia a la que se enfrentan los estudiantes no está en los pasillos de las escuelas sino en las calles, por lo que la gran mayoría de las universidades no siguen el protocolo de seguridad que recomendó aplicar la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).
Entrevistados por separado, directores, voceros y responsables de la seguridad de universidades públicas y privadas de Tamaulipas, coinciden en que las instituciones educativas aplican sus propias medidas de seguridad para proteger a alumnos, profesores y trabajadores ante secuestros y extorsiones, así como para garantizar su integridad ante eventuales balaceras.
Una de las herramientas que utilizan con mayor importancia, y que el manual sólo menciona, son las redes sociales que ayudan a mantener informada a la comunidad universitaria sobre los lugares inseguros o donde ocurren balaceras o enfrentamientos.
Si bien algunas universidades aplican el manual de seguridad de la ANUIES, como el Instituto Tecnológico de Matamoros, este no es obligatorio para las 159 universidades de todo el país agremiadas en la Asociación.
En 2011, declarado en su momento como el “más violento” de las últimas dos décadas, ANUIES aplicó un cuestionario a sus instituciones agremiadas. En su diagnóstico encontró que 42.2% de las instituciones de educación superior no había establecido convenios de colaboración con las secretarías de seguridad pública locales o federales.
Del 57.8% restante, la mayoría (36.9%) declaró tener un convenio con la policía municipal. Más de la mitad sí cuenta con equipo e infraestructura de seguridad, como casetas de seguridad, acceso previo registro y cámaras de vigilancia pero sólo 32% tiene “botones de pánico” y menos del 10% cuenta con detectores de metales.
Entre sus recomendaciones está entregar credenciales a estudiantes y personal de las universidades, limitar el acceso a personas externas a los campus, llevar una “bitácora de visitantes” y colocar barreras físicas, tecnológicas o humanas para evitar el acceso en los campus.
De acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano, Tamaulipas era el estado con mayor número de víctimas de secuestro hasta noviembre de 2014. Y las universidades no son ajenas a esta situación: en diciembre pasado fue secuestrado el director de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa-Rodhe de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Guadalupe Rivera; el plantel suspendió labores desde el 15 de enero, cuando se dio a conocer el plagio.
Misma suerte corrió el director del campus Tampico-Madero, Jesús Apolinar Martínez Puebla, cuya desaparición denunció la página Valor por Tamaulipas desde el 28 de enero de 2014.
Este diario consultó a la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) sobre los protocolos de seguridad que sigue la institución para proteger a sus trabajadores, maestros y alumnos. El director del área administrativa, Javier Rodríguez, aceptó que “no tenemos nada de eso”.
En otro caso, la Universidad del Valle de México cerró desde enero su campus en Nuevo Laredo por amenazas contra sus directivos; de acuerdo con la versión del gobierno local, las autoridades universitarias descubrieron a trabajadores del crimen organizado realizando labores de espionaje desde una de las azoteas del plantel.
Antes, la UVM ya había tenido amenazas en Tamaulipas específicamente en el campus Reynosa, que también cerró por amenazas. El personal de Comunicación Social en la Ciudad de México declinó hacer comentarios sobre los protocolos de seguridad aplicados y señaló que esta negativa se deriva de las amenazas directas que han sufrido los directivos del campus Nuevo Laredo.
Redes sociales
El director general del Tecnológico de Monterrey campus Tampico y Matamoros, Marco Édgar Vargas Herrada, explicó que la institución cuenta con cámaras de vigilancia, personal de seguridad privada, detectores de metales y acceso limitado para que estudiantes y personal porten su credencial del Tec, medidas que sugiere el manual de la ANUIES.
Sin embargo, apuntó, el mayor riesgo no radica en el interior de las instalaciones sino afuera. Por ejemplo, en el campus Matamoros se tuvieron que cancelar las clases del 4 al 6 de febrero porque se recrudecieron los enfrentamientos y las balaceras. Esos días resultaba muy peligroso que alumnos y trabajadores estuvieran en las calles, por lo que los alumnos tomaron sus lecciones en línea.
Esta universidad también hace recomendaciones a sus alumnos para evitar secuestros y extorsiones, como limitar las actividades nocturnas y evitar ser “ostentosos”, dentro y fuera del plantel.
“Las redes sociales son un termómetro que utilizamos mucho, también nos hemos apoyado en comunicados que ha mandado el municipio y los del consulado de Estados Unidos, esos son los principales focos que estamos atendiendo. Tenemos contacto directo con la Marina y el Ejército”, señaló Vargas Herrada.
El otro lado
En la Universidad Pedagógica Nacional en Nuevo Laredo la seguridad es nula: un velador que lleva a cabo las funciones de vigilante registra el ingreso de los alumnos y cuando “calcula” que ya terminaron de entrar, cierra el portón.
Aunque el campus en sí es pequeño (tres edificios cerca del centro de la ciudad), los alumnos y profesores con frecuencia están en clases cuando en calles cercanas se registran balaceras.
Sin contacto directo con la policía, su mejor herramienta son las redes sociales; si en el transcurso del día los alumnos o administrativos leen en Twitter o Facebook que las cosas se pondrán “difíciles”, adelantan la hora de salida.
“Nuestras clases son regularmente de 18:00 a 21:00 horas, a las 18:30 cerramos los portones y estamos al pendiente, es lo más que podemos hacer”, señaló su directora, Yolanda Villanueva.
A su vez, autoridades de la universidad privada UNIDEP de Ciudad Altamira (al sur de Tamaulipas) comentaron que ellos sí tienen contacto directo con la Gendarmería Nacional; su protocolo es recurrir a Protección Civil ante cualquier sospecha o evento “extraño” que ocurra relacionado con la seguridad.
Aunque sus alumnos no han sido víctimas de extorsiones y secuestros, sí les han tocado balaceras y con regularidad recibe llamadas de sus alumnos quienes le avisan que van a faltar porque algún familiar fue “levantado”.
Información tomada de 24HORAS.MX