En México, de diciembre del 2012 a enero del 2015, se recibieron 30 mil reportes telefónicos ligados con delitos cibernéticos, de los cuales 53 por ciento fueron contra dependencias de los tres niveles de gobierno, 26 por ciento contra ámbitos académicos y 21 por ciento contra sector privado o empresarios.
Así lo denunció la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero (PRD), en un punto de acuerdo que presentó en la Comisión Permanente, donde añadió que la suplantación y el robo de identidad representan el 68 por ciento de los delitos cibernéticos; el fraude, 17 por ciento de los ataques, mientras que los hackeos, el 15 por ciento.
Tales cifras, precisó, colocan a México en el tercer lugar mundial con víctimas por crímenes cibernéticos, sólo por debajo de China y Sudáfrica, con el 85 y 84 por ciento de usuarios, respectivamente. Además, es una de las naciones con mayor cantidad de crímenes cibernéticos cometidos a través de virus informáticos: siete de cada 10 usuarios.
La vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, mencionó que México es la segunda nación de América Latina y el Caribe más afectada y vulnerable por los ciberdelitos, y que tan sólo en 2013 las pérdidas económicas ascendieron a 3 mil millones de dólares.
Por ello, propuso exhortar a la Secretaría de Gobernación, a la Procuraduría General de la República, a la Comisión Nacional de Seguridad y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal informen sobre los resultados obtenidos en materia de seguridad cibernética, conforme a la participación de México en organismos, acuerdos, tratados y convenios internacionales.
De igual modo, pide a esas dependencias federales así como a la Secretaría de Relaciones Exterior, dar a conocer su posición respecto a la adhesión al convenio de Cibercriminalidad de Budapest (The Convention on Cybercrime -ETS-185).
Rosas Montero puntualizó que la también llamada “Convención sobre Delitos Informáticos” o “Convenio sobre Ciberdelincuencia”, conforma el único acuerdo internacional que cubre todas las áreas relevantes de la legislación en la materia -derecho penal, procesal y cooperación internacional- y trata con carácter prioritario una política penal contra este delito virtual.
Lamentó que México no sea miembro de esa convención, pues tal situación conlleva a la falta de coordinación estratégica con las naciones líderes en el combate a los ciberdelitos, a pesar de estar incluidos entre los países con mayor incidencia delictiva en Internet.
Se pronunció por crear leyes específicas respecto del uso del ciberespacio y homologar la tipificación de los delitos cibernéticos. También es apremiante la adhesión a organismos, convenios, acuerdos y tratados internacionales para la desarticulación de redes de delincuentes mundiales que cometen delitos en Internet, ya que “hoy nuestro país está imposibilitado a sancionar las acciones ilegales que sean perpetradas desde fuera del territorio nacional”, apuntó.